El mercado nacional de permisionarios de gas LP vive una paradoja: abundan las violaciones de seguridad que ponen en peligro a la población, pero escasean los inspectores federales que hagan valer las normas.
Desde 2011 la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) ha realizado más de 17 mil revisiones en casi 900 gaseras, de las cuales 4 mil 378 han sido reprobatorias. La dependencia solo cuenta con 25 funcionarios en sus oficinas centrales para la tarea de controlar miles de camiones, plantas, instalaciones y autotanques.
Una revisión al organigrama más actualizado disponible de la Sener y un cruce de datos con su Registro Resultado de Verificaciones de Gas LP, permite establecer que las áreas encargadas de velar por la seguridad del mercado nacional —dependientes de la Subsecretaría de Hidrocarburos, al mando de Lourdes Melgar— operan al límite, aun cuando cualquier omisión puede tener implicaciones catastróficas, como ocurrió en la explosión del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.
Entre enero de 2011 y agosto de 2014, estas áreas practicaron 17 mil 471 inspecciones de seguridad. Es un promedio de 18 revisiones al día, sin tomar en cuenta fines de semana y días festivos.
De éstas, 4 mil 378 fueron reprobatorias o derivaron en clausuras. Lo anterior quiere decir que hasta una cuarta parte de las instalaciones revisadas violentan la ley y representan un riesgo de una u otra forma.
En términos brutos, si se divide el total de inspecciones entre los 25 inspectores de Energía ubicados en oficinas centrales —no es público el dato de cuántos se tienen asignados al interior de la República, ni cuántas empresas asisten en esta tarea—, lo anterior da a un promedio de 698 revisiones por persona, una pesada carga de trabajo a la que se suman salarios bajos y largas horas de oficina.
Es una falta de capacidad que lleva a que cada verificador deba inspeccionar todos los días numerosas instalaciones y vehículos por todo el país, con el consecuente riesgo de que un error les pase de largo, como ocurrió en la explosión del hospital infantil de Cuajimalpa.
Aunque se ha insistido en culpar al chofer del autotanque de Gas Nieto Express del accidente, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente la obligación de verificar que los sistemas mecánicos del vehículo estuvieran en óptimas condiciones correspondía al inspector de la Subsecretaría de Hidrocarburos que revisó por última vez el camión en enero pasado.
La Norma Oficial Mexicana 007-SESH-2010 Vehículos para el Transporte y Distribución de Gas LP Condiciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento, establece que “los propietarios de los vehículos (…) deben solicitar a la Dirección General de Gas LP o a una unidad de verificación acreditada y aprobada en la presente Norma Oficial Mexicana, la verificación de todos los tornillos de fijación o espárragos de dicha entrada, y, en su caso, solicitar a quien corresponda la sustitución de aquellos que se encuentren dañados”.
¿Revisó el inspector los tornillos? La dependencia federal no lo ha informado hasta el momento. Pero su desgaste no pudo escapar al personal de la Dirección General de Gas LP que verificó el autotanque que explotó en Cuajimalpa.
Según la empresa Gas Nieto Express se revisó el vehículo a finales de enero pasado, solo días antes del accidente, y el estado de la tornillería es uno de los elementos de verificación catalogados como “críticos” dentro de la NOM, es decir, es obligación forzosa revisar y garantizar su buen estado en cada inspección.
A mayor detalle, el oficio DOS/C/1357/2009 de la Sener, enviado a las empresas y asociaciones de gas en 2009 y del cual MILENIO obtuvo una copia, también advierte que si hubo una falla previa, la Sener tendría que haberlo sabido.
Según este documento, es obligación de los permisionarios entregar a la Dirección General de Gas LP informes trimestrales sobre la seguridad, como la capacitación de los conductores para hacer frente a siniestros y los dictámenes técnicos vigentes que avalen que los vehículos cumplen con las condiciones mínimas.
Ante el tiempo que podría tomar el desgaste en un tornillo, la duda reside en si la Dirección General de Gas LP recibió estos informes de manera puntual, los exigió, o si contaban con datos falseados.
Dirección acéfala
La Dirección General de Gas LP, sobre la que recae la responsabilidad de verificar que los concesionarios cumplan con la ley —y que hasta el momento no ha sido llamada a rendir cuentas por su posible papel en el accidente ocurrido el 29 de enero pasado—, ni siquiera cuenta con un titular en su área de supervisiones.
Hasta el 16 de enero pasado, la subsecretaria Lourdes Melgar —una diplomática que ha generado desconfianza entre la industria— no había designado al nuevo titular de la Dirección de Operación y Supervisión, según se establece en el portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia. Lo que sí había es 15 inspectores, a los que se suman los que puedan colaborar de otras áreas. En total se trata de no más de 25, según el tabulador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Una investigación de MILENIO en registros de la Secretaría de Energía, da una idea también de qué tan limitada se encuentra la Subsecretaría de Hidrocarburos y qué tan flagrantemente violentan la ley los concesionarios.
Hoy por hoy, hay fallas de seguridad en las 31 entidades del país y el Distrito Federal.
En 2011 fueron detectadas mil 216 fallas; en 2012, mil 314; en 2013, mil 406, pero en 2014 el número de inspecciones se redujo sustancialmente: hacia mediados del año solo se habían practicado 442 revisiones.
Por entidades, bases de datos internas de la Secretaría de Energía precisan que el Estado de México concentra el mayor número de empresas e instalaciones gaseras que violan las normas de seguridad. Le siguen Coahuila, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla.
