Con 98 votos a favor y 7 en contra, el Senado de la República avaló las reformas constitucionales para ordenar las deudas públicas de los estados y municipios del país, mayoría con la cual se otorgó a los Congresos de cada entidad la aprobación de la norma.
En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación podría revisar las deudas públicas que emanen de los municipios y estados, mismas que sean empleadas como supuestas garantías de recursos emanados de la República.
Asimismo, se dará facultad a los organismos locales de fiscalización para estudiar las acciones sobre fondos y dineros federales, sobre todo, de deuda pública.
Al igual, se aplicarán normatividades más fuertes para el uso de los recursos etiquetados, terminando así las excusas para que las auditorías locales no pongan atención en su empleo.
Incluso, en el Senado se habló que en 2007 la deuda pública se calculó en 186 mil 470 millones de pesos, aumentando drásticamente a 510 mil millones al final del año pasado.
Finalmente, se estipulará que los estados y municipios sean más responsables, financieramente hablando, pues en corto plazo deberán liquidar deudas tres meses antes de terminar sus periodos para no heredarlas a las administraciones siguientes.
