Proceso
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, demoler tres represas en un rancho de su propiedad, debido a que violó la Ley de Aguas Nacionales.
Así lo informó esta mañana el director general del organismo, David Korenfeld, quien subrayó que el mandatario sonorense se hizo acreedor a una multa de 3 millones 47 mil pesos.
En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario federal detalló que las represas edificadas por Padrés Elías sobre el cauce federal arroyo El Manzanal, afluente del Río Sonora, localizado en el municipio de Arizpe, tienen una capacidad total de 1.7 millones de metros cúbicos, además de que tendió una línea de distribución de 12 pulgadas de diámetro para regar 300 hectáreas de nogal.
Detalló que los resolutivos finales de la denuncia pública con fecha 10 de septiembre ordenan la demolición total de las obras, y el gobernador deberá acatar la orden en un plazo de 10 días, de lo contrario la Conagua procederá a la destrucción de las obras hidráulicas con costo al infractor.
Las obras que deberán ser demolidas son tres represas con capacidad de 1.5 millones de metros cúbicos, una más de 150 mil metros cúbicos y otra de 100 mil metros cúbicos, así como una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro.
Además, el jefe del Ejecutivo estatal está obligado a clausurar la operación de dos pozos subterráneos que no contaban con la concesión para el aprovechamiento de aguas.
Los 1.7 millones de metros cúbicos de agua que el gobernador Padrés almacena de manera ilegal en su propiedad representan la mitad del líquido requerido en un mes por los 800 mil habitantes de Hermosillo, Sonora, según la Conagua.
Las inspecciones donde se levantaron las actas circunstanciadas, así como los elementos probatorios procedentes del 19 de noviembre, cuando se inició el proceso sancionatorio por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, fueron realizadas por el organismo de Cuenca Noroeste.
“Se otorgaron 15 días hábiles a los presuntos infractores para exponer y aportar pruebas; al vencimiento, se otorgaron otros cinco días hábiles más para formular alegatos”, puntualizó Korenfeld.
Detalló que una vez oído el infractor y desahogadas todas las pruebas ofrecidas y admitidas con fecha de 30 de enero, se le notificó la resolución.
El 21 de septiembre pasado el gobernador anunció que su presa había sido destruida por una crecida del río derivada de las lluvias que provocó la tormenta Odile, aunque se presume que fue dinamitada para evadir cualquier sanción.
