La Jornada
Uno de los primeros actos de autoridad de los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) fue aumentarse el sueldo y prestaciones. El segundo, reducir el salario a un grupo de empleados y a otros, con amenazas, pedirles su renuncia. Como concesión, los comisionados acordaron darles a su salida no más de dos meses de salario, sin importar el tiempo que hayan prestado sus servicios.
Así, en menos de siete meses, 145 funcionarios de diversos niveles han salido del instituto que ayudaron a construir. Mientras, aumentaron direcciones y se crearon nuevos puestos, todo bajo el amparo de la reforma aprobada por el Congreso, que otorga autonomía constitucional al organismo.
Este proceso de terminación de relaciones laborales, sin respetar que muchos de los trabajadores se ganaron el derecho a ocupar su puesto por concurso, fue simultáneo a una contratación masiva de empleados que no tuvieron que concursar, como sus antecesores, las plazas.
En otro acuerdo, los actuales titulares del Ifai decidieron dejar sin efecto por 10 meses el mecanismo de ingresos, aplicado por los comisionados que los antecedieron para promover el servicio profesional de carrera, ya que, aseguran, era deficiente, algo que ha llamado la atención de organizaciones de la sociedad civil y de algunos de los propios senadores que eligieron a los comisionados.
“Reparto del botín”
En el instituto pasaron de tener ciertas reglas de evaluación para las nuevas contrataciones a no tener ninguna o aplicar sólo aquellas que permitieran a los comisionados cubrir las vacantes a su entera satisfacción y, junto con ello, repartirse el control de las direcciones en lo que eufemísticamente llaman “áreas de influencia”, pero que en realidad es “un reparto de botín”, denuncian trabajadores.
Un ejemplo de ello fue el “nombramiento por unanimidad”, es decir, sin concurso, de José de Jesús Ramírez Sánchez y Adrián Alcalá Méndez como nuevos titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Coordinación de Acceso a la Información, respectivamente.
Alcalá Fuentes es calificado por quienes lo conocen como “buena persona”, pero “sin los tamaños” para llevar a cabo semejante responsabilidad. Como experiencia, en Baja California fue responsable de atender una media docena de recursos de revisión al mes. Hoy es responsable de resolver entre 120 y 160 asuntos a la semana.
Otro de los puestos que se aprobaron sin concurso es el del panista y exdelegado en Benito Juárez José Espina von Roerich como subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia, a pesar de que su currículo precisa que el exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PAN es experto en seguridad pública. Y como ellos, hay decenas de casos más, que sólo debieron cumplir con condiciones académicas y de experiencia mínimas, a sugerencia de los siete comisionados.
Aunados a estas contrataciones, los comisionados crearon cargos como el de secretario particular de ponencia. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta plaza nivel MC3 tiene un sueldo base bruto de 14 mil 409.43 pesos mensuales y una compensación garantizada bruta de 80 mil 945.12 pesos.
Los comisionados se aprobaron otros beneficios. Ahora el Ifai cubrirá hasta 75 por ciento del valor de su vehículo por depreciación durante 36 meses con un límite para coordinador, director general y contralor de 142 mil pesos, y para comisionados de 275 mil pesos. El apoyo económico mensual para el mantenimiento del automotor es de 5 mil 916 pesos por coordinador, director general y contralor, mientras que para los comisionados será de 11 mil 460 pesos, casi 5 mil pesos más que el de sus antecesores.
Otro de los grupos beneficiados es el de los choferes, quienes tendrán un ingreso de entre 19 mil 315 pesos y 33 mil 415 pesos percepción bruta, cifra similar al de una secretaria del Ifai.
Si desde el sexenio de Felipe Calderón el instituto resintió la intromisión de agentes externos para imponer comisionados, como el caso de Gerardo Laveaga o Sigrid Artz Colunga, hoy la casa de la transparencia parece haber perdido del todo la idea original de un órgano ciudadano y austero, para convertirse en una entidad burocrática que se reparte cotos de poder como cualquier dependencia gubernamental.
Sin pudor, desde hace siete meses las renuncias empezaron a ser exigidas por el coordinador ejecutivo del Ifai, José de Jesús Ramírez Sánchez, como lo afirman muchos de los despedidos: “Nos llegó a decir que debíamos entregar las plazas porque eran para recomendados de los senadores”.
En una serie de escritos enviados a los comisionados, Edmundo González Llaca detalla el tono “gangsteril” utilizado por Ramírez Sánchez para hacer espacios a los recomendados.
Al inicio, dice González Llaca, le explicó que no estaba en los planes de la nueva administración, y que a partir del 15 de octubre de 2014 se le dejaría de pagar.
“Le reiteré que estaba en la mejor disposición de acatar su petición, pero no entendía si se me cesaba o si se me pedía la renuncia. Me precisó que se trataba de la solicitud de renuncia. Le recordé que había dado testimonio de convicción institucional al colaborar con la nueva administración; le señalé la necesidad de recibir su petición por escrito, entre otras razones, para avalar en mi próximo trabajo los motivos de la separación de mi cargo.
“Reconoció mi buena disposición, pero se negó a entregarme ningún documento. Le respondí que durante toda la Semana Nacional de Transparencia los panelistas habían reiterado que todo acto de autoridad tendría que ser documentado, y entre ellos está precisamente solicitar la renuncia. Le pregunté que si consideraba que había algo vergonzoso o ilegal en lo que solicitaba. Sin responder a mis preguntas me dijo que ese escrito en la administración pública no se hacía ni nunca se haría”.
González Llaca lamentó “profundamente” escuchar en labios de un funcionario del nuevo Ifai un argumento de una cultura política de opacidad que parecía totalmente superada.
No todos se atreven a levantar la voz y a denunciar, “en especial si el abogado nos cobra un mes de adelanto para un juicio que puede durar hasta dos años, cuando lo que necesitamos ahora es dinero”, sostiene González Llaca, quien prepara ya un recurso para interponerlo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
