Al prever la inflación proyectada para 2015 y buscando resarcir en parte la caída del poder adquisitivo de este año que culmina, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) otorgó un alza general a los salarios base de las dos áreas geográficas que tiene el país para el año próximo en un promedio de 4.2 por ciento.
Por lo mismo, para la llamada área geográfica A, donde está el Distrito Federal, las dos Bajas Californias, Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Matamoros, Reynosa y Coatzacoalcos, entre otros el salario mínimo será de 70.10 pesos diarios.
La Conasami también determinó que el área geográfica B, que comprende estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, el sueldo mínimo general será de 66.45 pesos diarios.
En los hechos, el ajuste a los salarios base en el área A es de 2 pesos con 81 centavos y en el área B el incremento fue únicamente de 2 pesos con 68 centavos.
La Secretaría de Trabajo difundió el resolutivo de la Conasami n donde también se estipula que en lo relativo a salarios mínimos profesionales aumentarán a partir del 1 de enero del año entrante.
En la misma proporción en que lo hicieron los mismos generales para las dos áreas geográficas señaladas”, conservando para cada profesión, oficio o trabajo especial el mismo porcentaje de percepción por arriba del mínimo general.
Basilio González, presidente de esta comisión, dijo que al no aprobarse cambios constitucionales para desintexar el salario mínimo, “no se está en posibilidad de que el salario mínimo reinicie un proceso de recuperación gradual”, pues su uso como unidad de cuenta “constituye una atadura que lejos de favorecer el poder adquisitivo de los trabajadores, puede convertirse en un factor que los perjudique”.
Finalmente, el responsable de la Conasami dijo que el señalado aspecto es grave “si se considera que casi 5 millones de trabajadores tienen contratados créditos hipotecarios con los institutos de vivienda federales, quienes verían incrementado el saldo total de su adeudo, lo que pondría en riesgo su patrimonio”.
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