Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Consejo General del INE, aprobó el destino de los 18 mil 572 millones 422 mil 236 pesos que se ejercerá el Instituto para el próximo año.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el presupuesto base para el INE será de poco más de 13 mil 216 millones de pesos. Los 10 partidos políticos, tendrán una bolsa de cinco mil 355 millones 522 mil 828 pesos.
Durante la maratónica sesión, explicó que el INE ha puesto en práctica medidas de ahorro.
“Entre las medidas de racionalidad, cabe destacar las siguientes: 1.- La reducción de gastos en viáticos, pasajes y gastos de representación, así como la contratación de estudios, investigaciones y consultorías. 2.- En materia del parque vehicular, se privilegiará el arrendamiento y en las adquisiciones de mobiliario, materiales y suministros, se harán de manera consolidada para favorecer economías y en todos los casos se observarán los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez previstos en el artículo 134 constitucional. 3.- No habrá aumentos salariales, por los cuales los tabuladores se ajustarán exclusivamente para actualizar el poder adquisitivo de los trabajadores”.
También explicó que de registrarse remanentes, estos serán canalizados al “fondo para atender el pasivo laboral.
“Es importante subrayar que los remanentes y disponibles presupuestales generados con el Capítulo Mil, se destinarán a incrementar el fondo para atender el pasivo laboral del Instituto y los que, en su caso, se generen a partir de ajustes al gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, se canalizarán al fideicomiso del programa de infraestructura inmobiliaria, así como para el mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana. Además, con la finalidad de que la instrumentación del Modelo de Casilla Única se aplique sin interrupciones, se tiene previsto que el INE realice las erogaciones correspondientes y que durante el año se lleven a cabo las gestiones para su recuperación, con base en los convenios que hemos suscrito con los organismos públicos locales electorales”.
En su momento, el consejero Javier Santiago Castillo, presentó su propuesta tendiente a que sea el Consejo General del INE el que determine el destino de los ahorros que llegue a lograr el Instituto y no la Junta General Ejecutiva.
“Propongo que el destino de los ahorros y economías del presupuesto del Instituto sea autorizado por este mismo Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva y que no sea aprobado solamente por ésta como se propone en el proyecto inicial. Por lo que la redacción que propongo es que tanto el numeral 57, en la sección de considerandos, como el numeral seis de la propuesta de acuerdo se sustituya a la Junta General Ejecutiva por el Consejo General, a propuesta de la Junta General Ejecutiva para que el Consejo sea el que apruebe el destino de los ahorros y economías del presupuesto del Instituto, a partir de los remanentes y disponibilidades presupuestales generados por la aplicación de medidas de austeridad, ajuste al gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, cuidando en todo momento el uso eficaz y expedito de los recursos referidos”.
Sin embargo, la propuesta del consejero Javier Santiago Castillo, tuvo como ya se esta convirtiendo en una práctica de enfrentamiento al consejero Ciro Murayama Rendón, quien dijo que esa sugerencia está fuera del marco legal.
“La propuesta que sea el Consejo General el que defina las adecuaciones presupuestales sobre la marcha de un ejercicio creo que no encuentra sustento legal; el artículo 50 de la LEGIPE y 59, numeral uno, inciso a), del Reglamento Interior del INE, señalan que la Dirección Ejecutiva de Administración es la Unidad Administrativa responsable de la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros. El artículo 30 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE, establece que corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles o las reducciones”.
En tanto que el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez Álvarez, pidió a las y los consejeros, ser claros en el manejo de los recursos que se canalizarán al Registro Federal de Electores.
“Consejero Presidente, quisiera solicitar que el gasto del Registro Nacional de Electores, incluyendo todas estas cosas de actualización, se separe a la hora de dar cuenta a la opinión pública, al país, como un rubro especial, porque nunca se habla de él en forma específica. Este Instituto es muy caro porque ése es su diseño, porque este país lo diseñó así, porque las elecciones no se podían ya seguir haciendo de otra manera; o sea, no había elecciones, el gobierno las hacía y decidía cuántos votos sacaba cada cual. Así era. Como se fue construyendo, se fue construyendo de manera muy cara”.
