En las nuevas leyes electorales, el Senado aprobó que los partidos políticos podrán recaudar más fondos, pues su financiamiento privado aumentará en 226%, al pasar el límite máximo de 33 millones 611 mil pesos a 109 millones 826 mil pesos.
La Ley General de Partidos Políticos, construida por senadores del PRI, PAN y PRD, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, elimina el tope máximo anual de 10% de financiamiento privado para permitirles mayores ingresos.
Ahora se introdujo una fórmula de topes máximos anuales por cada tipo de aportación que recibirán los partidos políticos.
De esa manera, para 2015, año de elecciones federales, cada uno de los partidos tendrá la oportunidad de aumentar hasta 109 millones 826 mil 929.89 pesos sus ingresos de financiamiento privado, de los cuales 76 millones 215 mil 721.89 pesos provendrán de sus militantes y 33 millones 611 mil 208 pesos de sus candidatos y simpatizantes.
Para Jorge Luis Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política, la Ley General de Partidos Políticos obligará al uso transparente de esos recursos extra, que él calculó pueden llegar el próximo año hasta 160 millones de pesos.
De acuerdo con la nueva legislación, los partidos deberán “entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación”.
También expedirán recibos foliados con el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, el RFC del aportante.
Elevan tope de dinero privado para partidos
De los 33 millones de pesos que los institutos políticos podían recaudar, ahora el tope se eleva a 109 millones.
Con las nuevas leyes electorales, los partidos políticos lograron la posibilidad de obtener mayores beneficios económicos, pues el Senado acordó elevar el techo de financiamiento privado en un 226% para los siete partidos, al pasar el límite máximo de 33 millones 611 mil pesos a 109 millones 826 mil pesos, por cuotas y aportaciones de militantes y simpatizantes, lo cual se sumará al financiamiento público.
De esta forma, el PRI, que en 2012 reportó al otrora IFE un ingreso de 19 millones 699 mil 770 pesos por cuotas y aportaciones, ahora tendrá el derecho de extender ese beneficio hasta 109 millones 826 mil 929.89 pesos; es decir, un aumento de 90 millones 127 mil 160.03 pesos, que implica una mejora de 457% para 2015, año de elecciones federales.
A su vez, el PAN reportó que en las elecciones de 2012 obtuvo ingresos por cuotas y aportaciones por un total de 53 millones 287 mil 331.55 pesos, lo cual indica que con la ampliación del tope máximo de financiamiento privado recibirá hasta 56 millones 539 mil 598.34 pesos extras el próximo año, lo que implica un aumento de 106%, para sumar los 109 millones 826 mil 929.89 pesos del tope máximo fijado por la nueva Ley que ayer fue avalada por la Cámara de Diputados.
El caso del PRD es poco claro, pues de acuerdo con su reporte financiero de 2012, en ese año recibió cuotas y aportaciones de militantes y simpatizantes por 723 millones 743 mil 173.28 pesos; es decir, rebasó considerablemente los límites del financiamiento privado desde aquel año, que fue inferior a 30 millones.
La nueva Ley General de Partidos Políticos, construida por los senadores priistas Miguel Ángel Chico Herrera, Cristina Díaz, Arely Gómez y Enrique Burgos; los panistas Roberto Gil Zuarth, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios y Javier Corral, así como por los perredistas Alejandro Encinas, Luis Sánchez, Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, junto con la consejería jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, eliminó el tope máximo anual de 10% de financiamiento privado para permitir mayores ingresos a los partidos políticos, promovido por los panistas.
La nueva Ley elimina este tope anual general, porque introdujo una fórmula de topes máximos anuales por cada tipo de aportación que recibirán los partidos políticos, lo cual les permite aumentar en 226% sus ingresos por esta vía.
El numeral dos del artículo 56 de la nueva Ley General de Partidos Políticos establece los límites anuales del financiamiento privado que “para el caso de las aportaciones de militantes, es dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate”.
El acuerdo asumido por el todavía IFE el 14 de enero de 2014 precisa que para este año la bolsa del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos asciende a tres mil 810 millones 786 mil 94.28 pesos; eso implica que 76 millones 215 mil 721.89 pesos representan el dos por ciento. De esta forma, el total que los militantes de los partidos políticos pueden aportar a su partido queda en 76 millones 215 mil 721.89 pesos.
La nueva Ley también dispone que el límite anual del financiamiento privado “para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el 10% del tope de gastos para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos”.
De acuerdo con la información oficial del entonces IFE, en 2012 el tope de gastos de campaña presidencial fue de 336 millones 112 mil 84 pesos; el 10 por ciento implica 33 millones 611 mil 206 pesos, y esta es la cifra máxima que los candidatos y simpatizantes pueden aportar a los partidos políticos.
Así, en 2015, año de elecciones federales, cada uno de los partidos políticos tendrá la oportunidad de aumentar hasta 109 millones 826 mil 929.89 pesos sus ingresos de financiamiento privado, de los cuales 76 millones 215 mil 721.89 pesos provendrán de sus militantes y 33 millones 611 mil 208 pesos de sus candidatos y simpatizantes.
Con el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que desaparece cuando entre en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos estaban limitados a recibir dinero privado.
El artículo 78 del actual Cofipe, ordena que “cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior a 10% del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior”.
De esta forma, con el ordenamiento actual, los partidos políticos tienen el derecho a recibir un máximo de 33 millones 611 mil 208 pesos, pero con la nueva Ley General de Partidos Políticos, ese tope aumenta 226%, pues ahora recibirán un máximo de 109 millones 826 mil 929.89 pesos.
De acuerdo con Jorge Luis Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política, la propia Ley General de Partidos Políticos obliga al uso transparente de esos recursos extras, que él calcula pueden llegar el próximo año hasta 160 millones de pesos.
La Ley dice que el partido político deberá “entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación”.
Dispone también que “los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia del aportante, la cuenta deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento”.
Lorenzo Córdova admite diferencias con el contralor
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, reveló que hace unos días el Ministerio Público le informó que no ejercería acción penal en contra de Fernando Santos Madrigal, exdirector de Administración del entonces IFE, por presunto daño patrimonial en contra del Instituto, tal como lo acusó el contralor general Gregorio Guerrero Pozas.
En este contexto, Córdova admitió que existen diferencias con el funcionario, pero celebró que el pasado miércoles la Cámara de Diputados, ratificara en el puesto a Guerrero Pozas, y desmintió que consejeros electorales del INE hayan intentado cabildear que no se repitiera su nombramiento.
En 2013, el contralor pidió sanciones administrativas contra Santos Madrigal al Consejo General del IFE, lo que fue rechazado en su momento, pero un mes después el contralor interpuso denuncias penales contra el ex funcionario y varios de sus colaboradores.
El contralor aducía un quebranto por 124 millones de pesos, ya que en 2009, el entonces director de Administración pagó 225 millones de pesos por un edificio ubicado en la calle de Acoxpa al sur de la Ciudad de México, que según la valuación menor, costaba 118 millones de pesos.
“Estamos ante una oportunidad de reconstruir una relación institucional, porque hoy tenemos una nueva institución y ese es el compromiso en el que el presidente del Consejo, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo, los integrantes de la Junta debemos estar comprometidos”, dijo Córdova.
Sobre las versiones periodísticas respecto el supuesto cabildeo de consejeros con legisladores para que no se ratificara a Guerrero Pozas, Córdova contestó que eso es “una especulación que no tiene sustento; creo que el contralor Guerrero ha hecho su trabajo, por supuesto, ha habido diferencias, pero creo que el nacimiento del INE, constituye una oportunidad para construir una sana y fructífera relación”.
INE pedirá mayores recursos para cumplir con la Reforma
La “luna de miel” entre el instituto y la sociedad terminará cuando se solicite ampliación del presupuesto, dice Córdova.
Al celebrar la aprobación de la legislación secundaria en materia electoral en el Congreso, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, comentó que actualmente se vive una “luna de miel” entre la sociedad mexicana y el nuevo instituto, pero agregó: “El día que presentemos nuestro presupuesto, me temo que vamos a encontrar el primer momento de divorcio.”
Así lo dijo durante su discurso en el marco de la Inauguración de la reunión con vocales de organización, que se llevó a cabo en un hotel al sur de la Ciudad de México, en la que se planearán los pasos a seguir para los comicios de 2015.
Lorenzo Córdova subrayó en varias ocasiones que tendrán que enfrentar el desafío “mayúsculo” de la racionalidad presupuestal para hacer más con menos, porque si el INE solicita una ampliación desproporcionada, aunque estuviera justificada por sus nuevas atribuciones, “en ese momento daremos un paso atrás en la construcción de la confianza.”
“Queremos lograr que aunque el INE tenga nuevas facultades no le cueste más a la sociedad mexicana, si logramos eso estamos convencidos de que lograremos un primer paso sólido en un proceso de construcción de confianza que sabemos, no nos va a caer del cielo y de brazo partido en los próximos años,” dijo el consejero.
En entrevista posterior a la inauguración, Córdova Vianello explicó que los recursos que se soliciten fundamentalmente se irán para cumplir con las atribuciones de construir un Servicio Electoral Profesional Nacional, la coordinación con los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs) las nuevas atribuciones en materia de voto foráneo, entre otras cuestiones.
En cuanto a la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Político-Electoral, aseguró que resuelve muchas de las dudas que tenían los consejeros y que por ejemplo, tienen mayor claridad en materia de fiscalización, los nombramientos para consejeros de los OPLEs, el tema de los medios de comunicación y la casilla única, etcétera.
El consejero presidente explicó que ahora el INE será el “organismo rector del sistema electoral mexicano”, pero que tendrá pleno respeto de las competencias de los órganos locales.
“La idea es una especie de estandarización de la calidad técnica de los procesos electorales locales que el INE tendrá que marcar y que los Organismo locales, en el ámbito de sus competencias, seguir.”
Agregó que lo que viene ahora es un intenso trabajo para el INE en materia de reglamentos y lineamientos, pues tienen que modificarlos para ponerlos en congruencia con las leyes secundarias.
Por otra parte, en entrevista con Ricardo Alemán para Grupo Imagen Multimedia, la nueva ley electoral prevé hasta 15 años de prisión para quienes hagan o reciban aportaciones en efectivo o en especie a precandidatos, candidatos o partidos políticos con recursos de procedencia ilícita, explicó Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación en el senado.
“Hay limitaciones en el financiamiento que no es público y es privado, por ejemplo las empresas no pueden dar aportaciones, las personasmorales, los sindicatos, no puede haber aportaciones anónimas y se tiene que hacer de una manera muy clara mediante normas que ya existen contra lavado de dinero”.
El senador panista destacó que los candidatos tampoco podrán otorgar en campaña tarjetas Monex, despensas u otro tipo de regalos.
“Lo único que puede entregar son productos textiles, ya no se van a tener tarjetas de Monex, refrigeradores, bicicletas o cosas que nada tienen que ver con la propaganda de algún candidato”.
En cuanto a candidaturas independientes destacó que hay reglas muy claras, por ejemplo para la presidencia de la República deberá de conseguir uno por ciento del padrón nacional, es decir, 788 mil firmas en 17 entidades federativas.
“No hay límite de personas que quieren registrarse, lo que se les va a pedir a cada uno es que integre una asociación civil para que se haga de manera formal y para evitar que alguien quiera simular y tener acceso a recursos públicos”.
La nueva ley electoral también contempla que son causales de nulidad que cuando tratándose de programas de espacios informativos o noticiosos sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trate de una actividad publicitaria.
“Es cuando realmente se puede acreditar que existan esas situaciones”, sostuvo el senador.
