México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos y complicados del mundo para ejercer el periodismo, alerta el informe 2014 de Freedom House que clasifica a México en la posición 61 (de 196 países y territorios) como una nación sin libertad de expresión.
El grupo de defensa internacional de medios de comunicación Artículo 19 reportó el asesinato de 76 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2013, y la desaparición de otros 16 desde 2003.
A pesar de la caída en el número de asesinatos y desapariciones en 2013, “México sigue siendo uno de los entornos más peligrosos del mundo para los periodistas, debido a las batallas territoriales entre los cárteles mexicanos de la droga, la decisión del gobierno para combatir a los grupos del crimen con las fuerzas armadas y la debilidad de las instituciones de seguridad pública.” El Comité para la Protección de los Periodistas reporta tres periodistas asesinados y uno desaparecido en circunstancias “extrañas” en 2013, aunque los motivos relacionados con el trabajo no los había confirmado a finales de año. La agrupación Artículo 19 informó de un cuarto asesinato durante el año.
“La anarquía general en muchas zonas del territorio mexicano hace que sea difícil determinar si los periodistas fueron atacados por razón de su trabajo informativo, apuna Freedom House al advertir “un nuevo desarrollo alarmante”, al referirse a las amenazas y ataques en contra de los grupos internacionales de vigilancia de la libertad de expresión. En 2013, Artículo 19 informó que su director México, Darío Ramírez, había recibido una amenaza de muerte en abril, y que sus instalaciones en la ciudad de México estaban bajo vigilancia.
Varios medios de comunicación fueron atacados durante el 2013. En noviembre, un grupo de hombres enmascarados asaltaron a empleados y periodistas en una estación de radio en Quintana Roo que es propiedad de un ex alcalde de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, artefactos explosivos fueron detonados en abril de 2023 afuera de las instalaciones del periódico Mural en Guadalajara, el diario es parte del conglomerado de periódicos del Grupo Reforma y este ataque fue el séptimo en contra del consorcio periodístico, que juntó con la cadena Televisa, son las compañías de medios atacados con más frecuencia.
Cinco periodistas del diario El Siglo de Coahuila Torreón fueron secuestrados temporalmente y en febrero 2013 el diario recibió amenazas; las oficinas del periódico fueron atacadas tres veces en ese mes.
La prevalencia de amenazas y la impunidad en la que actúan los agresores, provocaron la autocensura que se ha extendido, incluso a las zonas que no han sido consideradas como puntos de acceso en la guerra contra las drogas, como es el caso de Zacatecas y de los municipios que rodean a la ciudad de México.
“En un caso de alto perfil -relata Freedom House- el periódico Zócalo de Saltillo, del estado de Coahuila, publicó un editorial diciendo que ya no realizará informes sobre el crimen organizado después de que su editor, Francisco Juaristi, fue amenazado con mantas colocadas en las calles de Saltillo. Zócalo se une a El Diario de Juárez y El Mañana de Nuevo Laredo, que tenían anuncios similares publicados después de los ataques a su personal e instalaciones en años anteriores.
Aunque resalta la promulgación de estatutos para empoderar a la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, Freedom House advierte “poco impacto en la casi total impunidad que disfrutan los autores de los ataques a medios y periodistas. Además, el programa de protección federal para los periodistas bajo amenaza se considera “poco fiable” por los analistas y participantes del instrumento de protección.
En 2013 se registraron núltiples ataques contra periodistas, medios de comunicación y sitios web; asimismo, los reporteros gráficos enfrentan una persistente “agresión policiaca” cuando cubren protestas; también se dieron casos frecuentes de difamación criminal en los estados, y la autocensura sigue siendo generalizada en territorio mexicano.
Freedom House destaca, en contraparte, una nueva ley “potencialmente transformadora” para facultar a un regulador federal que propicie la competencia en los sectores de telecomunicaciones y de difusión de las señales de televisión.
También alentador, destaca el organismo, que la libertad de expresión se establece en los artículos 6 y 7 de la Constitución y que, co. Esta base, México despenalizó la difamación a nivel federal desde 2007, por lo que progresivamente, algunos estados “han eliminado sus propias leyes de difamación penal”, incluyendo al Estado de México en 2012. Sin embargo, las leyes de difamación criminal permanecen en los libros de 12 de las 32 entidades federativas en México, donde los códigos penales y civiles “siguen siendo utilizados para intimidar a los periodistas”.
En Tlaxcala, el editor Martin Ruiz Rodríguez, del periódico digital e-consulta fue arrestado en abril por cargos de difamación presentados por el Secretario del Interior del gobierno tlaxcalteca. Otros cuatro periodistas de e-consulta también enfrentan cargos de difamación presentados por funcionarios cercanos al gobernador Mariano González, ejemplifica Freedom House.
El organismo internacional destaca que si bien se redujo en 2013 el número de delitos “graves” contra periodistas, como son los asesinatos y las desapariciones, aumentaron las amenazas y los ataques en general en contra de periodistas y medios. Artículo 19 informó que en septiembre se habían registrado 225 casos de agresiones contra periodistas, trabajadores de los medios e instalaciones de medios de comunicación, superando los 207 ataques del 2012 y los 172 ataques del 2011.
Freedom House señala que parte de este incremento “provino de los intentos de la policía por reprimir la cobertura de las protestas en las calles en todo el país. Durante las manifestaciones en el aniversario de la masacre estudiantil de 1968 en la Ciudad de México en octubre del 2013, la red de observadores del artículo 19 documentó 46 ataques contra la prensa, la mayoría de los cuales fueron agresiones directas por parte de la policía que incluso no respetaron a informadores que mostraban sus acreditaciones de prensa. La represión de la cobertura informativa también se produjo durante las protestas de los maestros en Veracruz en septiembre del 2013; aunque las autoridades estatales negaron que la policía hubiera participado en ningún tipo de violencia en contra la prensa.
El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la violencia, un grupo de medios de defensa de la libertad de expresión señala que se redujo la cobertura de los temas de violencia y el tráfico de drogas, después de la investidura de Enrique Peña Nieto, ya que el gobierno federal “implementó estrategias para reducir la prominencia de la violencia en las noticias.”
Se han registrado pocas destituciones de funcionarios por su actuación “cuestionable” ante ataques contra medios y periodistas. Sin proporcionar una base para sus aseveraciones, las autoridades del estado de Coahuila rápidamente declararon que el asesinato en abril del 2013 del reportero gráfico del periódico Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldua, “no estaba relacionado con su labor informativa.” En otro caso, funcionarios de Tamaulipas proporcionaron información contradictoria sobre la muerte del periodista Mario Ricardo Chávez Jorge, incluso después de que la novia del informador identificó su cuerpo desmembrado en junio. Los asesinatos de Jaime Guadalupe González Domínguez, editor y reportero para el sitio web de Ojinaga Noticias en Chihuahua, y del reportero de policía Alberto López Bello de El Imparcial de Oaxaca igualmente permanecen sin resolución.
Sergio Landa Rosado, un reportero del Diario Cardel en Veracruz, está desaparecido desde enero del 2013.
Freedom House señala que “la impunidad de los ataques contra la prensa se puede atribuir en gran parte a la ineptitud de las autoridades locales y federales, su posible complicidad o por el miedo a los grupos del crimen organizado. Tampoco las autoridades federales son de plena confianza para los periodistas. A pesar de los cambios, la Fiscal Especial para delitos contra medios y periodistas, Laura Borbolla, fue inicialmente reticente a reclamar la jurisdicción sobre amenazas y ataques sin la aprobación funcionarios estatales. En agosto del 2013, la fiscalía sólo había adquirido un caso de homicidio, el asesinato de El Diario de Juárez reportero policial Armando Rodríguez Carreón 2008.
Según Human Rights Watch, otro programa federal, el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, fue “gravemente perjudicado por la falta de fondos y apoyo político a todos los niveles de gobierno.” Los periodistas y los defensores de los derechos humanitarios en riesgo que buscan protección y medidas cautelares enfrentaron retrasos y falta de garantías suficientes.
Finalmente, el Informe sobre Libertad de Prensa 2014 de Freedom House destaca que operan numerosos periódicos privados en México; sin embargo, el sector de la radiodifusión está muy concentrado, sobre todo en la televisión, con dos redes: Televisa y TV Azteca, que controlan el 85 por ciento de las estaciones. Los analistas elogiaron las reformas convertidas en ley en junio del 2013 que crearon el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que tiene el poder de declarar una empresa “dominante” en su industria si su cuota de mercado es superior al 50 por ciento. Ifetel entonces puede pedir a las empresas a adoptar medidas que mejoren la competencia, incluida la reducción de los costos de interconexión y llevar a competidores, la programación de televisión en los sistemas de cable y satélite. La ley también crea un tribunal especializado para resolver los litigios de telecomunicaciones, y limita el uso de los recursos de amparo, una forma de obtener fácilmente una medida cautelar que puede obstruir los procesos judiciales.
Se espera que las nuevas reglas planteen un reto sin precedentes ante el poder que sustenta Televisa, que controla cerca del 70 por ciento del mercado de televisión en abierta y es el más grande operador de cable y de televisión satelital, así como del multimillonario Carlos Slim, de América Móvil, que mantiene una posición similar dominante en el mercado de la telefonía. Además de las disposiciones antimonopolio, la reforma creará dos nuevas cadenas de televisión en abierta, la mejora de la competencia y la ampliación de las opciones de visualización de todo el país.
Sin embargo, considera Freedom House, “los efectos del prometedor nuevo marco tardarán varios años en manifestarse en su totalidad. Mientras tanto, los altos costos y la falta de inversión tienen un acceso limitado a los servicios de telecomunicaciones.” Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con datos del 2012, sólo el 38 por ciento de la población mexicana accedió a Internet, pero el 76 por ciento de los hogares tenía un teléfono móvil y el 95 por ciento tenían un aparato de televisión.
LIBERTAD DE PRENSA EN EL MUNDO.
La libertad de prensa mundial ha caído a su nivel más bajo en la última alerta Freedom House en su informe 2014.
La proporción de la población mundial que accede a medios de comunicación calificados como “libre” solo representa el 14 por ciento, es decir, sólo uno de cada siete personas viven en países con libertad de prensa garantizada.
“La disminución de la libertad de prensa a nivel mundial es impulsada por los esfuerzos de los gobiernos para controlar el mensaje y castigar al mensajero”, dijo Karin Karlekar, directora del proyecto de informe. “En todas las regiones del mundo en el pasado 2013, encontramos tanto a gobiernos como a actores privados como los responsables de atacar a los periodistas, al bloquear su acceso físico a los acontecimientos de interés periodístico, censurando el contenido de la información, y ordenando despidos por motivos políticos de periodistas”.
También, “en 2013, hemos visto más casos de estados dirigidos a periodistas extranjeros y medios de comunicación”, agregó Karlekar. Aquí destaca el comportamiento de las autoridades rusas y chinas que incluso se negaron a renovar o amenazaron con suspender las visas para los corresponsales extranjeros destacados; el nuevo gobierno egipcio incluso detuvo a detener a varios miembros del personal de Al-Jazeera, acusados de apoyar el terrorismo.”
De los 197 países y territorios evaluados durante 2013, un total de 63 (32 por ciento) fueron clasificados como países libres; 68 (35 por ciento) fueron clasificados como parcialmente libres, y 66 (33 por ciento) fueron clasificados como países no libres para el ejercicio periodístico.
Todas las regiones, con excepción del África subsahariana, mostraron descensos en la libertad de expresión, el peor deterioro para el trabajo informativo se registró en Medio Oriente y el Norte de África.
El empeoramiento de condiciones para el trabajo periodístico se debe a intentos manifiestos de los gobiernos para controlar las noticias, ya sea a través del acoso físico de los periodistas que cubren los movimientos de protesta u otros temas delicados; las restricciones a los periodistas extranjeros; o el reforzamiento de restricciones sobre los medios noticiosos en línea y los medios de comunicación social; también se detecto a propietarios de medios asumir la conformación de contenidos a través de directivas sobre la cobertura informativa o el despidos de periodistas críticos.
La puntuación promedio de libertad de prensa en el continente americano empeoró, alcanzando su nivel más bajo en cinco años; así, sólo el 2 por ciento de la población de América Latina vivía en entornos de medios informativos libres.
Las puntuaciones cayeron principalmente en Honduras, Panamá, Surinam y Venezuela.
Las condiciones en los Estados Unidos se deterioraron debido principalmente a los intentos del gobierno para inhibir la presentación de informes sobre cuestiones de seguridad nacional.
