Las autodefensas en Michoacán están comenzando a intimidar a la población, hacer prácticas de leva, incluir a ex miembros de grupos criminales, allanar propiedades, colocar retenes ilegales, y hacer acusaciones a quienes consideran sospechosos, denunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a partir de testimonios recabados en la comunidades en conflicto.
Por esa razón, el organismo urgió a las autoridades a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para restablecer el orden, y a través de mesas de diálogo establecer acuerdos y compromisos entre las partes involucradas para buscar alternativas para regenerar el tejido social, la tranquilidad y garantizar la protección de los derechos humanos de los habitantes.
En un informe especial sobre la situación con las autodefensas, la CEDH, reconoció que aunque los grupos de autodefensas surgieron ante el abandono de las autoridades responsables de garantizar un estado de derecho en las comunidades, su indefinición legal genera riesgos y abusos contra la población.
“Se ha constatado que las autodefensas no cuentan con la capacitación para realizar las funciones de seguridad que corresponden exclusivamente al Estado, con lo que ponen en riesgo sus vidas y violan los derechos de civiles con acciones arbitrarias (…) Si bien es cierto que estos grupos son una reacción ante el abandono por parte del Estado sobre sus funciones, es aún peor que éste las legitime”, señala el informe respecto a la aceptación por parte de los gobiernos por mantener activos estos grupos.
Trabajo de campo de la comisión da constancia de que las regiones identificados por un mayor conflicto son: los municipios de Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana, así como la localidad de Bahía Bufadero (Caleta de Campos), en los cuales hay autodefensas, a excepción del municipio de Lázaro Cárdenas, en el cual la seguridad Pública corre a cargo de militares.
Los lugares donde existe presencia de crimen organizado y autodefensas, según el organismo, son los municipios de: Aquila, Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buena Vista, Tancítaro, Peribán, Paracho, Cherán, Chilchota, Churumuco, La Huacana, Mújica, Parácuaro, Apatzingán y Pátzcuaro.
Las condiciones derivadas del conflicto ha provocado el desplazamiento de cientos de personas. La CEDH indica que en los municipios de Aguililla, Aquila, Buenavista, Chinicuila y Coalcomán, decenas de familias han sido desplazadas de su hogar. Reportes de la Visitaduría de Lázaro señalan al menos durante 2013, 200 familias habrían sido desplazadas de estos municipios.
Ante un panorama donde las quejas por violación a derechos humanos en varios municipios, principalmente Parácuaro, Apatzingán y Cuatro Caminos, se han incrementado y en lo que va del año ya suma 43, el organismo emitió recomendaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Ayuntamientos.
