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El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales y anunció que enviará al Congreso una iniciativa de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
En Palacio Nacional, el mandatario señaló que éste es uno de los cambios jurídicos más relevantes en últimas épocas, un logro histórico que permitirá pasar de una justicia desigual, por los 33 códigos que había en el país, a uno válido en todo el territorio nacional.
Con dicho código, que tiene como ejes centrales el respeto a las víctimas y a los derechos humanos, así como la reparación integral del daño ocasionado, permitirá en los hechos que los mexicanos gocen de una justicia pronta, transparente y expedita, con reglas claras y uniformes, además de que fortalece el Estado de derecho y permitirá recuperar confianza en el sistema de justicia a partir de resultados.
En el Patio de Honor de Palacio Nacional, convocó al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y a las Procuradurías de Justicia a emprender las medidas necesarias para transformar este Código en una justicia a la altura de las demandas de todos los ciudadanos.
“De 33 códigos que hay en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora habrá un código único, que será válido en todo el territorio nacional”, detalló.
Así, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo la solidez del Estado de Derecho, dijo, y reconoció a los legisladores, quienes con actitud transformadora participaron en su discusión, enriquecimiento y aprobación.
“Este será el primer Código de Procedimientos Penales que surge del consenso y el acuerdo de las fuerzas políticas nacionales representadas en el Congreso de la Unión, pues apenas el año pasado se le otorgó la facultad constitucional para legislar en esta materia”, resaltó.
Frente a procuradores estatales, legisladores federales, gobernadores y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, calificó el código como un logro histórico, y sostuvo que con este acto el Estado mexicano brinda una respuesta acorde a los retos que vive México en materia de seguridad y justicia.
El mandatario federal explicó que el Código Procesal Penal fortalecerá las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel estatal y federal.
Además, subrayó, el tener una legislación procesal penal única, válida para todo el territorio nacional permitirá en los hechos que más mexicanos gocen del derecho constitucional a una justicia pronta y expedita.
“Al contar con procesos de investigación más ágiles y eficaces también se incentiva la denuncia ciudadana que es indispensable para cerrarle el paso a la impunidad”, advirtió.
Además, indicó que este Código reglamentará para todo el país el nuevo paradigma de la justicia penal y permitirá acelerar la aplicación del modelo acusatorio adversarial y oral con el cual el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo.
Otro beneficio adicional es que la sociedad mexicana contará con profesionales del derecho capaces de brindar asesoría legal en cualquier entidad del país a partir de reglas claras y uniformes.
Asimismo, se incluyen figuras que permitan soluciones alternas al conflicto como la aplicación de un acuerdo reparatorio, que podrá darse por mediación o conciliación y evitar que se lleguen a una pena de encarcelamiento.
Es decir, en congruencia con la reforma constitucional, se establece un sistema de justicia restaurativo y no sólo de represión penal, abundó.
No obstante, dijo que para estas figuras legales tengan su máxima utilidad, el Código por sí mismo, no es suficiente, por lo que firmó también la Iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, misma que enviará al Congreso de la Unión.
Con ella se busca que un número considerable de los casos se resuelvan a través de la justicia alternativa, abundó.
De aprobarse, dijo, esta ley contribuirá a reducir los costos y tiempos, a disminuir la saturación en las cárceles y, lo más importante, permitirá a las instituciones del Estado mexicano concentrar sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad mexicana.
Todo esto, propiciará una mayor satisfacción a las víctimas, gracias a una reparación integral del daño ocasionado. Es decir, no sólo se tendrán juicios más cortos y ágiles, sino que éstos se realizarán con mayor eficacia y eficiencia procesal, en beneficio de las víctimas del delito, aseguró.
El presidente Peña Nieto indicó que el objetivo final, es que los ciudadanos de todo el país tengan acceso a un sistema de justicia de calidad que proteja sus derechos.
En su discurso, el jefe del Ejecutivo manifestó que con la Promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia una nueva etapa en la vida jurídica del país.
“Este novedoso instrumento procesal es también una señal clara de que la transformación de México sigue su curso”, afirmó.
Advirtió que para seguir avanzando por esta ruta, “el Ejecutivo federal a mi cargo será un promotor decisivo de la adecuada implementación de ésta y de las otras reformas que a la fecha se han llevado a cabo.
“Sigamos trabajando para hacer de la nuestra una democracia de resultados que se vea y se sienta en la vida diaria de todos los mexicanos. Contar con un marco legal moderno y eficaz es esencial, pero es apenas un primer paso”, expuso.
Por último, reconoció que el Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia se modernicen y recuperen la confianza ciudadana, a partir de resultados.
Cambio de paradigma
El nuevo ordenamiento establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
La minuta para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales fue aprobada por los senadores el pasado 5 de diciembre. Entre otras características, el nuevo código establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
El Código Nacional reglamenta los cateos, la intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, las órdenes de aprehensión o detenciones, la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro de la investigación, el descubrimiento de la investigación, las inspecciones corporales, las entrevistas a testigos e imputado, y la identificación de sospechosos.
(Con información de Notimex)
