Tras la tragedia por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel que dejaron miles de damnificados han salido a la luz fraudes en obras de vivienda.
Permisos apócrifos que se refieren a licencias de construcción inexistentes en el archivo municipal, Manifestaciones de Impacto Ambiental que no obran en oficinas centrales de la Semarnat y permisos de la Conagua fueron hallados por el Gobierno federal en obras de la zona de Acapulco Diamante, que resultaron dañadas por las fuertes lluvias.
Fuentes federales que participan en la investigación de las inundaciones de septiembre dijeron que los permisos apócrifos permitieron la construcción irregular de fraccionamientos en zonas inundables o construcción de infraestructura hidráulica que no estaba contemplada en el Plan Director Urbano de Acapulco.
Ejemplo de lo anterior es el caso del Fraccionamiento Campestre La Laguna, que fue autorizado en 2005 sin importar que se encontrara en una zona de alto riesgo y en un área de aprovechamiento agrícola.
Aunque se sitúa en el delta del río La Sabana y parte de sus viviendas invade el vaso de ese cuerpo de agua, ese fraccionamiento cuenta con una licencia de construcción del Ayuntamiento de Acapulco, permisos de extracción de agua y dictamen de factibilidad del servicio de luz entregado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para beneficiar a la compañía Inveraca, en 2003, el Cabildo de Acapulco, que encabezaba el perredista Alberto López Rosas, aprobó un cambio de uso de suelo y que se construyeran 640 viviendas en esta unidad.
Inveraca propiedad de los hermanos Héctor Raúl y Ricardo García Oseguera.
La licencia única de construcción que encontró el Gobierno federal en los archivos del Ayuntamiento de Acapulco presenta inconsistencias y sólo hace referencia a 336 casas.
Luego del huracán “Henriette”, en 2007, el Fraccionamiento Campestre La Laguna se inundó y ninguna de las autoridades que avalaron la construcción tomó cartas en el asunto.
