Este lunes, cuando millones de niños regresen a la escuela, habrá otros, más de 4 millones 300 mil, que no llegarán al prescolar, las primarias y las secundarias del país. Por razones de pobreza y de exclusión social, casi la sexta parte del total de la matrícula de educación básica, que asciende a 27.5 millones de alumnos, no asiste a los centros escolares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otomí, vendedora de dulces y cigarros, con 14 años, Evelin es uno de esos casos: “Fui un mes a la secundaria y mejor ya no regresé. Todos los de mi salón me dijeron que yo para qué iba ahí, si soy una india”.
En este sexenio se declaró la “cobertura universal” de primaria –lo cual significa que cada niño tiene asegurado un lugar en el sistema público–, pero en opinión de defensores de derechos de la infancia, esto es “un mito”, pues basta asomarse a cientos de comunidades rurales donde los niños no tienen un sitio, porque no hay escuela: ni en su pueblo ni en muchos kilómetros a la redonda.
Con este argumento de la universalización, advierte la directora de Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, se ha provocado que los grupos excluidos se queden fuera de las políticas públicas, porque el Estado los ha “invisibilizado”.
Representantes de derechos humanos que atienden a esta población explican que las causas de que estos niños estén fuera del sistema educativo son, entre otras, la miseria, la crisis de la escuela como motor de movilidad social, el déficit de planteles en comunidades de difícil acceso, las barreras burocráticas, la desprotección familiar, pero sobre todo, coinciden, el Estado es el responsable de esta situación, porque “niega y viola” el ejercicio de los derechos elementales de estos niños. Todo lo anterior provoca que ellos “sean los excluidos sociales de por vida”, alerta Ramírez.
El Inegi establece, con base en su censo más reciente, que 4 millones 358 mil 453 niños en edad de ir a prescolar, primaria y secundaria no asisten a la escuela. De ellos, 2 millones 942 mil pertenecen a prescolar, nivel en el que 79.7 por ciento de los niños de tres años, esto es, de primer grado, aún no han sido incorporados al sistema educativo.
En el caso de la primaria, medio millón de niños en edad de cursar el nivel básico no lo hace, lo que representa 3.2 por ciento de ese total. Para la secundaria –considerado por las propias autoridades como uno de los puntos de quiebre de la expulsión, porque 530 mil adolescentes desertan cada año: es significativo el número de menores que no acuden, al ascender a 916 mil 179, esto es, 13.9 por ciento del total que debería estar en ese nivel.
Evelin Hernández Anastasio fue inscrita en la secundaria técnica Soledad Anaya Solórzano en el pasado ciclo escolar. “Mejor me salí. Todos los niños me insultaban, me decían groserías, me amenazaban con que me iban a agarrar. Se burlaban de mí porque decían que no me visto bien…
“Cuando todos los demás salían al recreo y yo no, me decían que tal vez era una mensa, una india”. Nadie le hablaba, excepto otra compañerita otomí, quien por las mismas razones también abandonó la escuela.
Además, narra, como “nosotros salimos a vender y casi no nos compran, no completaba para mis cuadernos, mis libros, y los maestros se enojaban porque yo casi no llevaba nada”.
Entre tres y cuatro de la tarde, Evelin sale sola a ofrecer dulces y cigarros en las calles de la capital hasta las tres de la madrugada, hora en que regresa a su hogar: un departamento de 30 por 30 metros, situado en la calle Guanajuato. En ese edificio habitan 51 familias indígenas. “Cuando nací, y luego aprendí un poco, ya empecé a vender”, dice. Sus padres elaboran muñequitas de trapo.
Evelin es consumidora de inhalables. Comenta que no ha pensando en regresar a la escuela, pues asegura que ningún profesor intervino para ayudarla. “No me tomaban en cuenta a mí”, explica, y añade que no sabe leer bien.
Elena Ramos, coordinadora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, afirma que muchas veces la escuela transfiere su responsabilidad. “Se acaba el turno, cierra sus puertas y aunque conoce las condiciones de sus alumnos, no las quiere ver.”
Como si la tarea de la escuela fuera abrir las aulas, “dar una educación como sea, y pasar a chavos que están en cuarto año y no saben leer y escribir. ¿A qué los condenas? A que lleguen a la secundaria y digan: ‘no puedo’”.
Para el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, no se puede soslayar el hecho de que en el país alrededor de 39 millones son niños y adolescentes, de los cuales, cerca de 20 millones están en pobreza y otros 5 millones en precariedad extrema.
Existe un “entramado institucional” que ha fallado: “por cada niño que no está en la escuela, hay una responsabilidad del Estado que está violando los derechos de los menores”, afirma.
Sin embargo, la autoridad considera que el único responsable de que el niño no regrese o no acuda a la escuela es la familia, y piensa que no tiene obligación de buscarlos. “En la Secretaría de Educación Pública, ¿quién da seguimiento a aquellos niños que ya no regresaron a la escuela? Nadie.”
Trepado en un árbol, situado entre las calles de Hamburgo y Génova, el pequeño Isaías se da unos minutos de diversión. Bajo la sombra, con una pequeña canasta de dulces están: Isela, la hermana de 17 años, con dos bebés en su regazo; otra hermanita, su tía y muchos niños, que son sus primos, alineados del más grande al más pequeño, en escalerita.
Con frecuencia, Isaías se cansa. Corretea a los autos hasta bien entrada la madrugada para vender chicles y cigarros por unidad. El Jorge, su padre, lo obliga a entregarle 100 pesos diarios; La Victoria, su madre, solapa al hombre.
Las tundas serán feroces si no entrega su cuota. Los golpes los reparte el padre, lo mismo a él que a sus hermanos: La Lorena, de ocho de edad; La Lupe, de 15; Nicolás, de 12; Juan, de seis; Ceci, de cuatro, y Mary, de dos.
Isaías Guillermo Quirino es otomí, al igual que muchos niños que viven en los predios de la colonia Roma y avenida Chapultepec. En su mayoría, son hijos de madres analfabetas, habitantes de recovecos de la ciudad, donde viven en el hacimiento, sin más opción que la mendicidad o la venta de cajitas de gomas de mascar.
Con apenas 10 años, Isaías recientemente desertó de la escuela Capitán Emilio Carranza, dos meses antes de terminar cuarto grado de primaria. “Me dormía en el salón, y luego, cuando me levantaba, mi maestro me regañaba.” No quiere hablar de más razones por las que dejó la escuela y lo que realmente le preocupa es que su familia a veces no tenga para comer: “Cuando eso pasa, ya llegamos a la casa y nos dormimos”. Come poco, “así le dejo comida a mis hermanitos”, dice con candidez y la mirada contaminada de tristeza.
Karen Juárez ya es mamá de dos niños. Tiene 20 años. Abandonó la secundaria en segundo grado. Vive en un cuarto con su marido, sus hijos, sus suegros y cinco cuñados. La delgadez de una sábana que divide una cama de otra es su único remanso de intimidad.
El cuarto está en la cima de algo que fue una casona hace más de 100 años. De los hoyos en los muros enlamados salen niños como si hubiera un mundo de ellos. En los cuartos viven 14 familias, 80 personas y Karen es una. No asistía a clases, se iba de pinta y “me portaba mal”. Recuerda que cuando era chiquita le gustaba pensar en ser doctora, pero ahora sólo piensa en “tener mi propio cuarto”.
Juan Martín Pérez García enfatiza que cuando no se garantiza el derecho a la educación se trastoca la construcción de un proyecto de vida: se “perpetua la exclusión” y los marginados heredarán a los que siguen estas condiciones de precariedad.
