La tarde del lunes 13 de octubre de 2025, el sol caía a plomo sobre la junta auxiliar San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio poblano de San Martín Texmelucan. Aunque el calendario marcaba mediados de otoño, en la intersección de Camino Nacional y Escalerillas el calor se sentía denso. Los clientes de un puesto ambulante de mariscos intentaban sofocarlo entre cervezas frías y cócteles, vivían la rutina de un inicio de semana. Nadie vio venir la motocicleta.
Dos hombres con ropa oscura frenaron frente al negocio. El copiloto bajó, sacó un fusil AR-15 y disparó ráfagas consecutivas contra un hombre de aproximadamente 40 años conocido en el barrio como “Yon Yon”. Las balas lo derribaron en la entrada. Lo que siguió fue el caos: gritos, mesas volcadas, clientes arrojándose al suelo, otros corriendo a esconderse detrás de los camiones estacionados cerca. En unos segundos, el negocio quedó en silencio, con el hielo, los mariscos y la sangre mezclados sobre el pavimento.
Las patrullas municipales llegaron casi 30 minutos después de las primeras detonaciones. Los elementos acordonaron la escena con cinta amarilla. Cuando el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) asumió el control e inició la carpeta de investigación por homicidio doloso, la noche ya había caído sobre San Rafael Tlanalapan. Siete meses después, los archivos judiciales siguen abiertos. No hay detenidos.
Lo que ocurrió ese día no fue un hecho aislado. Fue, más bien, la representación exacta de una realidad cotidiana. Este relato es uno de los 57 homicidios registrados en San Martín Texmelucan durante 2025, una cifra que, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, colocó al municipio entre los más violentos del país.
Un instrumento que mide lo que los gobiernos prefieren no ver
Para entender dónde está parado San Martín Texmelucan, hace falta conocer el instrumento que lo midió. El Índice de Paz México es elaborado cada año por el Institute for Economics & Peace, organismo internacional independiente con sede en Sídney que opera en más de 160 países. No es una encuesta de percepción ni un reporte del Gobierno mexicano: es una medición externa que agrupa indicadores como tasas de homicidio, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y niveles de miedo a la violencia. Su metodología es consistente año con año, lo que permite comparaciones reales a lo largo del tiempo y entre territorios. Cuando un municipio aparece en sus rankings, no hay margen para el argumento de que “la metodología es distinta” –el mismo rasero se aplica a todos.
La edición 2026, presentada el 20 de mayo, analiza los municipios mexicanos con más de 150 mil habitantes, un universo de aproximadamente 90 localidades que concentran la mayor parte de la actividad económica, la población urbana y, también, la violencia organizada del país. Dentro de ese grupo, San Martín Texmelucan se ubicó en el lugar 19 con las tasas de homicidio más altas de México: 57 asesinatos registrados en 2025, equivalentes a 41.3 muertes por cada 100 mil habitantes. La tasa nacional ese mismo año fue de 18.1. La de Puebla como estado, de 8.1. Texmelucan superó dos veces y media el promedio del país, y quintuplicó el de su propia entidad. El municipio que preside el morenista Juan Manuel Alonso Ramírez no solo está fuera de la media nacional, sino que la supera ampliamente.
El miedo como rutina
Detrás de los números hay una realidad en la vida cotidiana de los texmeluquenses: padres que llamaban insistentemente para revisar el paradero de sus hijos, comerciantes que bajaban las cortinas antes del anochecer, vecinos que empezaron a mirarse con desconfianza. El miedo. Pero este no llegó de golpe, se fue instalando delito por delito, mes tras mes, hasta volverse parte del paisaje.
Los datos son el termómetro más severo. En el primer semestre de 2025, las carpetas de investigación por homicidio doloso sumaron 31, un incremento del 19.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Cada carpeta puede contener una o más víctimas, según aclara la propia Fiscalía. Y los homicidios no llegaron solos: los robos de vehículos aumentaron 18.4%; las violaciones, 8.7%; la violencia familiar, 16.3%. El patrón es claro. En Texmelucan la inseguridad es la constante.
Presionado por el descontento ciudadano, el gobierno municipal presumió al cierre del año una reducción del 14.65% en la incidencia delictiva general. Sin embargo, los números tienen trampa. El descenso se concentró casi por completo en el robo a transportistas en las carreteras, un delito cuya contención dependió del despliegue de la Guardia Nacional y no de la policía local. Entre enero y marzo de 2025 el municipio había sido el más peligroso del estado para el sector logístico, con 75 asaltos reportados, casi todos con violencia. Cuando la presencia federal tranquilizó las autopistas, la estadística global del municipio bajó de golpe. En las calles, la violencia continuó su propia ruta ascendente. El Ayuntamiento presentó la cifra como logro propio. Era, en el mejor de los casos, un efecto secundario de la acción federal.
Un policía para dos mil ciudadanos
La violencia e inseguridad en San Martín Texmelucan no responden a una sola causa. En ella confluyen la disputa por territorios, la presión del crimen organizado, la circulación de armas, la fragilidad de la investigación ministerial y, también, un déficit persistente de capacidad policial. Entre esos factores, la insuficiencia de patrullaje y la debilidad institucional aparecen como una pieza central para explicar por qué los hechos violentos se repiten con tanta frecuencia y por qué la respuesta del estado llega tarde o de manera incompleta.
La explicación del vacío en las calles quedó registrada en los propios archivos del gobierno. En 2025, una solicitud de información pública tramitada ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento –folio SISAI 210438625000045– reveló que la Dirección de Seguridad Pública Municipal contaba en el papel con 145 elementos. La realidad operativa era mucho más frágil: de esa plantilla, solo 87 eran agentes activos. Al restar a los oficiales asignados a la custodia de edificios públicos o a tareas administrativas, el estado de fuerza real para patrullar el municipio se reducía a 42 policías en el turno diurno y 44 en el nocturno. En la práctica, había un policía en funciones por cada 2 mil 024 habitantes.
El Modelo Óptimo de la Función Policial, instrumento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, establece un mínimo de 1.8 policías preventivos por cada mil habitantes. Para Texmelucan, ese piso implicaría tener al menos 317 agentes en las calles. Ciudad de México opera con alrededor de 2.5 policías por cada mil habitantes; Puebla capital ronda el 1.4. Texmelucan, en 2025, operaba con menos del 30% de lo que el propio Gobierno federal considera indispensable. No como consecuencia de una crisis transitoria o un recorte repentino, sino como condición ordinaria de gobierno.
Lo más revelador es que los recursos existían. San Martín Texmelucan recibió en 2025 su parte proporcional del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México) y, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, está entre los 67 ayuntamientos poblanos que sí cumplieron con destinar al menos el 20% de ese fondo a seguridad pública, obligación establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cumplió la norma. Y aun así, llegó al final del año con una corporación que operaba a una tercera parte de su capacidad recomendada. La pregunta que el Ayuntamiento no ha respondido es en qué se gastó ese 20% si no fue en contratar policías.
El municipio más violento de Puebla no confía en su propia policía
Hay una decisión que resume mejor que cualquier estadística el estado real de la corporación: desde que Juan Manuel Alonso tomó posesión de la alcaldía en octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan ha sido dirigida por elementos de la Marina Armada de México, no por cuadros civiles ni por mandos formados en la propia corporación.
El primer titular fue el capitán de Corbeta Hugo Xavier López Monge, oficial de Infantería de Marina Paracaidista, quien acumuló casi seis meses en el cargo con resultados que el propio Ayuntamiento presentó como positivos, entre ellos la detención de “El Japonés”, presunto líder de una banda dedicada al robo de transporte. En abril de 2025, la Secretaría de Marina lo llamó a reintegrarse a un operativo nacional. Su salida generó incertidumbre pública sobre quién asumiría el mando. Después de un periodo interino con Abigail Báez Madrigal, en mayo de 2025 el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de Kevin Rembrandt Bernal Pérez, teniente de Marina, como nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El ciclo se repitió: un marino reemplazó a otro marino.
Que el municipio con la tasa de homicidios más alta de Puebla deba recurrir de forma reiterada a mandos navales para dirigir su policía no es, por sí mismo, una anomalía negativa. En Puebla es una práctica extendida que perfiles con formación militar o naval encabecen áreas de seguridad, precisamente porque aportan capacidad técnica y operativa. El problema aparece en otro punto: su llegada suele implicar un periodo de adaptación al territorio, a los actores locales y a la coordinación política con el presidente municipal. En San Martín Texmelucan, además, lo llamativo no es solo la presencia de marinos al frente de la corporación, sino la recurrencia del relevo de mandos, que sugiere inestabilidad en la estrategia de seguridad.
Las promesas de 2026 y la repetición del método
Los datos de transparencia de 2026 muestran que algo se hizo, pero no suficiente. El oficio HASMT/UT/127/2026, respondido por la Unidad de Transparencia en abril de este año, reportó 272 elementos en la corporación. El número creció, pero una lectura cuidadosa desmorona el optimismo oficial: 80 de esos elementos son agentes de Tránsito y Vialidad, cuyas facultades legales no incluyen prevenir delitos ni enfrentar células delictivas. Los policías preventivos reales son 192. Aunque la proporción mejoró a un policía por cada 917 habitantes, la cifra sigue siendo poco más de la mitad del estándar federal. El déficit se redujo en el papel; en el territorio, las bajas continúan.
Es verdad que las estadísticas del primer trimestre de 2026 muestran una desaceleración: entre enero y marzo se abrieron 577 carpetas por delitos de alto impacto, un 12.1% menos que las 657 del mismo periodo del año anterior. De mantenerse la tendencia, el año cerraría con alrededor de 2 mil 300 carpetas, por debajo de las 2 mil 487 de 2025. La curva baja. Pero bajar no es lo mismo que estar bien.
El ciclo de la violencia que se repite
El pasado 10 de mayo de 2026, la violencia irrumpió de nuevo con el mismo descaro en San Lucas Atoyatenco, otra junta auxiliar del municipio. Juan Carlos Vargas Montalvo, carnicero de 38 años, cerraba la cortina de su negocio para terminar la jornada cuando una motocicleta frenó frente al local. Hombres armados descendieron, lo arrastraron hacia la banqueta y le dispararon cinco veces en el torso. Los homicidas escaparon a toda velocidad. Ninguna patrulla se cruzó en su camino. Cuatro días después, el 15 de mayo, otro hombre murió en San Jerónimo Tianguismanalco tras caer en una trampa armada a través de una falsa venta de vehículo en redes sociales. En ninguno de los dos casos se reportaron detenidos.
El Índice de Paz México 2026 acaba de documentar lo que las solicitudes de información al propio Ayuntamiento ya evidenciaban desde adentro: la violencia en San Martín Texmelucan no es una anomalía de la naturaleza ni el efecto inevitable de su geografía. Es, al menos en parte, el resultado acumulado de una corporación policial a la que nunca se le dio lo que necesitaba, dirigida por cuadros prestados de otra institución, en un municipio donde los recursos para la seguridad existieron, pero no alcanzaron para llenar las calles.
Cambian los nombres de las víctimas, cambian las calles y los meses. La estructura del problema permanece intacta.


