El relleno sanitario de Cholula se enfrenta a una nueva clausura tras incumplir las medidas ambientales impuestas por la Profepa. Según integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y en Defensa del Agua, el Juez Segundo en Materia de Amparo ha ordenado restablecer los sellos de clausura debido a la falta de cumplimiento con las condiciones de operación.
Desde su reapertura, el relleno sanitario debía garantizar la vida útil de la macrocelda para residuos, implementar un sistema para captar lixiviados y biogás, así como un drenaje pluvial adecuado. Sin embargo, según Juan Carlos Flores, abogado de la Unión, la extensión del relleno supera los límites autorizados desde hace años, comprometiendo aún más el entorno ambiental.
La secretaria de Medio Ambiente, Norma Sandoval, sostiene que el relleno sanitario tiene capacidad para recibir desechos de 21 municipios durante 30 años sin afectar el medio ambiente. No obstante, activistas han desmentido estos informes, señalando estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que evidencian la presencia de contaminantes peligrosos en los alrededores, incluidos metales pesados y coliformes fecales que amenazan los mantos acuíferos.
Además, la Unión de Pueblos denunció hostigamiento, incluido el hackeo de comunicaciones y el cateo ilegal de viviendas de manifestantes. Desmintieron la pérdida de empleos debido al bloqueo del relleno, destacando más bien los riesgos para la salud pública y la agricultura local debido a la contaminación generada.
La controversia continúa entre las autoridades locales, que afirman contar con permisos legales y dictámenes favorables de Conagua, la BUAP y la Smadsot, y los activistas que demandan una acción más estricta para proteger el entorno y la comunidad.
