El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar contra cárteles de la droga que su administración ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras, informó The New York Times.
De acuerdo con el medio, la directiva proporciona una base oficial para que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones militares directas, tanto en el mar como en territorio extranjero, contra grupos criminales vinculados al narcotráfico. Funcionarios militares ya han comenzado a diseñar opciones para perseguir a estos cárteles, lo que podría marcar un cambio radical en la estrategia de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina.
Entre las preocupaciones señaladas por expertos, está el debate legal sobre si el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente podría considerarse asesinato bajo el derecho internacional y estadounidense, especialmente si se actúa sin una autorización formal del Congreso.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la medida afirmando que la principal prioridad de Trump “es proteger la patria”, y justificó la designación de varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. En febrero, el Departamento de Estado ya había aplicado esta etiqueta a grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), señalando que representan “una amenaza a la seguridad nacional” más allá del crimen organizado convencional.
Designar a estos grupos como terroristas permite a Estados Unidos emplear recursos adicionales, como agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para actuar de forma más agresiva contra ellos. Sin embargo, el Congreso solo ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda y organizaciones vinculadas a los atentados del 11 de septiembre, lo que limita el marco legal actual.
Según el NYT, no está claro qué postura han tomado los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado respecto a la constitucionalidad de esta nueva directiva ni si existe una opinión jurídica formal que respalde su ejecución.
