El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha cerrado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para aceptar deportados de cualquier nacionalidad, incluyendo a criminales violentos actualmente encarcelados en territorio estadounidense. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante una visita a San Salvador.
Rubio calificó el pacto como “el acuerdo migratorio más extraordinario en cualquier parte del mundo”. Según el funcionario, Bukele también ha ofrecido recibir a ciudadanos estadounidenses y residentes legales condenados por delitos graves en EE.UU., aunque por el momento no existe un plan oficial para deportar a ciudadanos estadounidenses debido a las restricciones legales.
El acuerdo se enmarca dentro del concepto de “tercer país seguro”, lo que permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, en lugar de enviarlos a sus países de origen. Este tipo de políticas han sido impulsadas por el gobierno de Donald Trump para frenar la migración hacia EE.UU.
Rubio mencionó que este acuerdo podría aplicarse a pandilleros venezolanos condenados en EE.UU. en caso de que Venezuela se niegue a recibirlos. Además, destacó la disposición de Bukele para aceptar detenidos de cualquier nacionalidad.
Preocupaciones sobre derechos humanos
La decisión de Bukele ha generado controversia en sectores políticos y defensores de derechos humanos. Grupos de activistas advierten que El Salvador carece de una política adecuada para atender a refugiados y solicitantes de asilo, lo que podría poner en riesgo a los deportados.
Manuel Flores, líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), criticó la medida al cuestionar si El Salvador se está convirtiendo en un “patio trasero“ para que EE.UU. “se deshaga de sus problemas”.
Rubio y su gira en Centroamérica
La visita de Marco Rubio a El Salvador forma parte de una gira por Centroamérica para fortalecer alianzas migratorias con Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Durante su estancia en Panamá, el funcionario supervisó un vuelo con 43 migrantes deportados desde Panamá a Colombia, financiado por EE.UU.
