El fiscal especial Jack Smith, responsable de investigar los intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, concluyó en su informe final que existían pruebas suficientes para condenarlo. Sin embargo, la acusación fue desestimada tras el triunfo electoral del republicano en 2024, debido a la inmunidad presidencial.
El informe, enviado al Congreso por el Departamento de Justicia, recibió la aprobación para su difusión por parte de la jueza Aileen Cannon. Según el documento, Trump intentó mantener el poder tras su derrota ante Joe Biden mediante “una serie de esfuerzos criminales”.
Entre las acciones enumeradas en el informe destacan:
- Presión sobre funcionarios estatales para alterar los resultados.
- Uso de electores fraudulentos.
- Presión al vicepresidente Mike Pence para interferir en el proceso de certificación.
- Relación con los ataques al Capitolio del 6 de enero de 2021, que buscaban detener la certificación de Biden como presidente.
A pesar de que las pruebas eran sólidas, Smith señaló que la Constitución prohíbe procesar a un presidente en funciones, lo que imposibilitó la continuación del caso tras la victoria de Trump en noviembre de 2024.
“El Departamento de Justicia considera que la inmunidad presidencial es categórica, independientemente de la gravedad de los delitos imputados o la calidad de las pruebas presentadas”, explicó Smith en su informe.
En agosto de 2023, el fiscal acusó a Trump en el Tribunal de Distrito Federal de Washington de conspiración para revertir su derrota en las elecciones de 2020. Sin embargo, tuvo que modificar y, finalmente, retirar las acusaciones debido a un fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial.
El informe también menciona otro caso relacionado con documentos clasificados encontrados en la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, el cual sigue bajo confidencialidad. Además, Trump enfrenta un precedente histórico, ya que fue el primer presidente condenado por un delito penal: los pagos ilegales a Stormy Daniels en 2016.
