La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha emitido un informe en el que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según el documento, las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, tanto antes como después de los comicios.
El informe de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y señala que las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, participaron en detenciones arbitrarias, represión violenta de manifestaciones y tratos crueles y degradantes.
Además, el documento destaca que las declaraciones de las autoridades estatales, especialmente después de las elecciones, incitaron a la represión, creando un ambiente de violencia y hostilidad. Entre las instituciones implicadas, también se señala al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acusado de falta de transparencia e integridad en el proceso electoral, así como a la Asamblea Nacional, por aprobar leyes restrictivas para los derechos humanos y el espacio cívico.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es que, durante los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración en la llamada operación Brazalete Blanco.
Además, se registraron 121 detenciones más relacionadas con actividades de la oposición durante la campaña electoral. Tras los resultados electorales, el informe describe un aumento en la represión, con miles de detenciones masivas e indiscriminadas, comparables con las protestas ocurridas en 2014, 2017 y 2019.
