Cada 20 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha establecida desde 2001 para honrar a las personas refugiadas y desplazadas. Esta jornada es un recordatorio de la necesidad urgente de protección y apoyo para aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares debido a conflictos, violencia y violaciones de derechos humanos.
El desplazamiento forzado es una cuestión de supervivencia. Cuando las personas sienten que sus vidas están en peligro, buscan refugio, convirtiéndose en refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos. Las causas de este fenómeno son variadas, pero todas están arraigadas en la intolerancia y la violencia que amenazan la vida y la dignidad humanas.
Según el ACNUR, en 2022, 108.4 millones de personas fueron forzadas a desplazarse debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos. En México, el número de solicitudes de refugio ha aumentado significativamente.
En 2022, se recibieron 75 mil 715 solicitudes para 119 mil personas, mientras que en 2023, la cifra subió a 84 mil 985 solicitudes para 140 mil 854 personas. Solo de enero a mayo de 2024, se han registrado 21 mil 380 solicitudes para 36 mil 860 personas, provenientes de países como Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela y Guatemala, entre otros.
¿Qué representa el desplazamiento forzado?
La ONU define el desplazamiento forzado como el acto de huir del hogar habitual para evitar los efectos de conflictos armados, violencia, violaciones de derechos humanos o desastres naturales. En México, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno frecuente, aunque poco registrado.
Desde 2006, la violencia ha generado desplazamientos en numerosos estados, incluidos Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Chiapas.
El desplazamiento forzado interno representa un problema público significativo. Aunque comunidades vecinas a menudo muestran solidaridad, las acciones humanitarias de las autoridades municipales son esporádicas.
Actualmente, solo Chiapas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Oaxaca cuentan con normativas relativas a la población desplazada. A pesar de estar incluido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2021-2024), aún no se ha aprobado una ley que permita tomar acciones efectivas contra este problema.
El Día Mundial del Refugiado es una oportunidad para reflexionar sobre estos desafíos y redoblar esfuerzos en la protección y apoyo a las personas desplazadas. La solidaridad y la acción política efectiva son esenciales para enfrentar el desplazamiento forzado y garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas afectadas.
