Una corte británica determinó procedente la extradición de Karime Macías −esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa− a México por el delito de fraude genérico, en relación con el caso de los desvíos con empresas fantasma en esa entidad.
Su defensa confirmó al portal Animal Político que apelará la decisión, lo que frenará, de momento, la extradición de Karime Macías, por lo que no será enviada a México hasta que un tribunal superior resuelva dicho recurso de la defensa.
La Unidad de Inteligencia Financiera complementó la solicitud de extradición de México aportando datos relacionados con los ingresos que tuvo Karime Macías y con los recursos que el DIF, bajo su gestión, canalizó vía contratos hacia una amplia red de empresas fantasma ligadas, incluso, con financiamiento electoral ilegal al PRI.
La investigación por la cual México solicitó a Reino Unido la extradición de Karime Macías señala que, bajo su gestión como presidenta del DIF estatal, el organismo entregó 112 millones de pesos a seis empresas fantasma por servicios que no se llevaron a cabo, y que fue ella quien ordenó que se agilizaran esos pagos.
Esto es equiparable a un delito de fraude específico cometido en agravio del erario público, y que ameritaría para Karime Macías una pena que va de los cinco a los 12 años de prisión, en caso de que sea encontrada culpable, indicó Animal Político.
El equipo de defensa de Karime Macías, encabezado por los abogados Marco del Toro y Pablo Campuzano, argumentan que el caso tiene que ver con una persecución política.
Los argumentos centrales de la defensa se enfocan en que la Fiscalía de Veracruz intenta imputar a Macías hechos en los que no tuvo participación, pues los contratos presuntamente irregulares no fueron firmados por ella, toda vez que el cargo de presidenta del DIF era honorífico y no tenía participación en decisiones administrativas.
La acusación que dio pie a la orden de aprehensión sostiene que el DIF de Veracruz entregó a seis empresas fantasma pagos por 112 millones de pesos, sin embargo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que los pagos fueron mayores.
La revisión de contratos y facturas obtenidos vía transparencia permitió identificar que el DIF Estatal dispersó 415 millones de pesos a un total de 33 empresas, entre ellas las seis señaladas en la acusación de la Fiscalía estatal.
Todas estas empresas forman parte de una misma red de 400 empresas fachada o de papel creadas por un despacho de contadores, y que en total recibió más de tres mil 600 millones de pesos provenientes de una decena de dependencias distintas en la administración de Javier Duarte.
