El juez Robert Lasnik aceptó la solicitud que fiscales de ocho estados y el Distrito de Columbia, habían promovido en contra del acuerdo de Trump con el grupo Defense Distributed (DD), calificándolo de “arbitrario y caprichoso”.
Luego de una larga batalla judicial a finales de junio, el gobierno federal había autorizado a DD poner en la web los planos que permiten la fabricación casera de armas con una impresora 3D.
Estos objetos plásticos, representan un inconveniente al no ser industrializadas por un fabricante autorizado, no tener número de serie, no sonar al pasar por un detector de metales y además no pueden ser rastreados.
“La era de las armas descargables realmente comienza (The age of the downloadable gun formally begins)”, promete el sitio web de DD , fundado por Cody Wilson, de 30 años.
Estaba previsto que los instructivos fueran puestos en línea el miércoles 1 de agosto, pero Wilson dijo a la revista Wired que él ya había publicado estos manuales de fabricación. Y, de acuerdo a la revista, “ya han sido descargados miles de veces”.
“Los publiqué el 27 de julio”, dijo Cody Wilson. “La fecha del 1 de agosto es para efectos de mercadeo”.
“Es una locura dar a los delincuentes las herramientas para imprimir en 3D armas que son imposibles de rastrear y que no se pueden detectar“, dijo la fiscal del estado de Nueva York, Barbara Underwood.
Una veintena de fiscales estatales también escribieron al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para denunciar el acuerdo entre el gobierno y Defense Distributed. Es un convenio “profundamente peligroso que podría tener un impacto sin precedentes en la seguridad pública“, indicaron.
Estados Unidos, donde unas 30 mil personas mueren al año a causa de las armas de fuego, está profundamente dividido por la discusión sobre el control de armas personales, particularmente por numerosas matanzas masivas, muchas veces perpetradas con armas que fueron compradas de manera legal.
