La deportación de una inmigrante de Phoenix a quien el gobierno de Obama le otorgó una indulgencia, brinda un primer ejemplo de la manera como el presidente Donald Trump planea cumplir su promesa de frenar la inmigración ilegal.
El caso de Guadalupe García de Rayos se convirtió el jueves en un grito de batalla para los grupos de inmigrantes que creen que la postura migratoria de Trump separa familias de manera injusta. Su arresto provocó una protesta en el centro de Phoenix, en donde los manifestantes bloquearon la salida de camionetas de la oficina federal de inmigración. Siete personas fueron arrestadas.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desvió todas las preguntas sobre el tema al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que en un comunicado en Twitter mencionó el jueves que la agencia “retirará a los extranjeros ilegales que fueron condenados por delitos graves, como lo ordena un juez en materia migratoria”.
García de Rayos fue deportada alrededor de las 10:00 horas por el cruce fronterizo de Nogales, y la agencia trabajó de manera conjunta con las autoridades consulares mexicanas para su repatriación, señaló la portavoz de ICE Yasmeen Pitts O’Keefe por medio de un comunicado.
El caso migratorio de la señora García fue sometido a una revisión en múltiples niveles del sistema de cortes migratorias, incluyendo la Junta de Apelaciones Migratorias, y los jueces determinaron que ella no contaba con las bases legales para permanecer en Estados Unidos. El ICE seguirá enfocándose en identificar y retirar a los individuos con condenas de delitos graves que tengan órdenes finales de retiro emitidas por las cortes migratorias del país”, escribió Pitts O’Keefe.
Los defensores de personas que están ilegalmente en el país pero que tienen estrechos vínculos a él acusaron que la deportación fue despiadada.
