Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue acusado ayer por la Fiscalía de liderar una mafia de defraudación fiscal en el país.
Con la evidencia, la Fiscalía General y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala presentaron a los tribunales un pedido de antejuicio contra el gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Hasta el momento (ayer) encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor Presidente de la República y la señora Roxana Baldetti (exvicepresidenta)”, afirmó el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
Precisó que intervenciones telefónicas realizadas como parte de las investigaciones incluían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros.
Poco después de la acusación el mandatario aseguró que dará una explicación.
Tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara y vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento tendremos que pronunciarnos”, dijo Pérez a periodistas en el departamento de Zacapa.
Evitó de todas formas profundizar sobre el tema al indicar que desconocía la acusación y tampoco respondió al ser consultado sobre si renunciará al cargo por la denuncia.
Previo a las elecciones
El sismo político por las acusaciones contra el gobernante se da a tres semanas de que los guatemaltecos acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.
La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 86 mil sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.
Los entes acusadores en un principio indicaron que el líder de la organización era Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti, quien se encuentra prófugo.
El mandato de Pérez Molina concluye el próximo 14 de enero.
El Presidente está inmerso en una crisis política sin precedente tras el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril.
Sin embargo, el Congreso rechazó el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia por el caso.
Para el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, Guatemala se expone a enfrentar una situación de convulsión social si las autoridades ignoran el clamor social de enfrentar la corrupción.
Piden eliminar su inmunidad
La izquierda guatemalteca instó ayer a las autoridades del país a “ganar tiempo para la justicia” al darle “trámite inmediato” al proceso para retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado ayer de dirigir una red de corrupción estatal.
Las agrupaciones políticas Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) exigieron en un comunicado que se le dé “trámite sin interferencias y de acuerdo con la ley” a una nueva solicitud de antejuicio contra Pérez Molina, planteada ayer por el mismo Ministerio Público de ese país.
