La desaparición de personas es un problema generalizado en gran parte del territorio de México y en muchos de los casos es forzada, es decir, que intervino un servidor público, sostuvo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicho comité criticó la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada ante la casi inexistencia de condenas por este delito y señalo que el “grave” caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas.
Por lo anterior, solicitó al gobierno mexicano lozalicar a la mayor brevedad a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante la guerra sucia e investigue sin demora a los autores a fin de que sean enjuiciados y sancionados.
El comité de la ONU dio a conocer esta mañana el informe con las observaciones finales de la comparecencia que sostuvo con miembros del Estado mexicano, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de organizaciones civiles y familiares de víctimas el 2 y 3 de febrero pasados en Ginebra, Suiza.
Expresó su preocupación por la falta de estadísticas precisas sobre el número de desapariciones, lo que impide conocer la verdadera magnitud del flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad, así como las deficiencias que existen en materia de búsqueda de las personas e identificación de restos.
Asimismo, conminó a los legisladores a reformar las normas que sean necesarias para que los tribunales militares no intervengan en la investigación de desapariciones cometidas por miembros castrenses en contra de militares para que sean juzgados en el ámbito civil.
Pidió aprobar a la mayor brevedad una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada contenidos en la Convención respectiva, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.
Finalmente, el comité de la ONU pidió enérgicamente al Estado Mexicano reconocer la competencia de este comité para recibir y examinar comunicaciones individuales con miras a reforzar el régimen de protección de las desapariciones forzadas.
