El País
Amnistía Internacional (AI) ha presentado este martes en Madrid un informe (Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas) en el que denuncia y documenta casos de torturas, abusos, detenciones arbitrarias, indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Al cumplirse ya casi dos meses de las protestas en el país —que comenzaron el pasado 4 de febrero en la ciudad de Táchira— la ONG insta a la comunidad internacional, OEA, ONU y Unasur, a que tome cartas en el asunto y promueva el diálogo entre las partes. “Hasta ahora tan solo Colombia, Ecuador y Brasil se han ofrecido a mediar entre las partes”, señala Nuria García, investigadora en América del Sur y autora del informe. Las manifestaciones han dejado un saldo, hasta el 27 de marzo, de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas de fuego y goma y 2.157 detenidos de los cuales tan solo 66 han salido liberados incondicionalmente, según ha resaltado Esteban Beltrán, director de AI para España.
La ONG ha recibido “decenas de denuncias” -que según la autora del informe se acercan a las 50- de torturas y tratos inhumanos y degradantes contra los manifestantes por parte de las fuerzas del orden como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Aunque la ONG tuvo la oportunidad de hablar y entrevistarse con “decenas” de víctimas, el informe tan solo recoge 10 historias de abusos y violaciones de los derechos humanos. “La mayor dificultad es que la gente no quería hablar por temor a represalias” comenta Nuria García a El PAIS minutos después del lanzamiento del informe. “Venezuela está extremadamente poralizado”, repite constantemente. “Es la mayor crisis de derechos humanos desde 2002”, cuando el fallecido dirigente, Hugo Chavez, sufrió un golpe de Estado.
En medio de todo el caos, AI “agradece” al Ministerio Fiscal de la Nación que haya abierto 81 investigaciones; 75 por malos tratos a los manifestantes, dos por tortura, dos por asesinato y otras dos por asesinato no intencionado”, señala Beltrán que más tarde añade a esa cifra que “17 agentes han sido detenidos”. A la ONG, sin embargo, no le consta que haya ningún cargo contra ellos. García reconoce la voluntad y el “aparente compromiso” del Ministerio Público pero advierte: “Estaremos atentos para asegurar que todas las víctimas tengan acceso a la justicia”.
En los casos documentados de AI sobre abusos policiales, torturas, amenazas y una “clara” violación a los derechos humanos aperece la trágica historia de Jeraldine Moreno, que murió tras recibir un impacto de perdigón “a tan solo 30 centímetros”, según declara AI. Su testimonio coincide con el de Janet Frías, la madre del joven Bassil Da Costa que con tan solo 23 años murió a causa de un tiro en la cabeza. “Estas muertes no son accidentales. Son buscadas”, sostiene por teléfono Frías. “La muerte de mi hijo no puede quedar en vano”.
Luis Gutierrez Prieto, estudiante de mercadotecnia en la Universidad Central de Venezuela (UCV), recibió una paliza por fuerzas armadas pro-gobierno. “Ahora más que nunca nuestro lugar está en la calle”, sostiene. “Se ha intentado hablar, pero el Gobierno quiere un diálogo a medida. Ahora solo funciona la calle”.
La ONG asegura que “los tratos crueles infringidos a los detenidos parecerían tener como objeto castigarlos por su participación, o supuesta participación en las protestas”. Entre las denuncias recibidas, se incluyen casos de palizas con puños, patadas y objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Hay también casos de jóvenes que han sido obligados a apermanecer de rodillas o de pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales o amenazas de violación. “A un manifestante le amenazaron con quemarlo vivo”, recalca García.
Otro testimonio que AI ha podido hacer público es el de Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, que fue arrestado el pasado 21 de febrero cuando participaba en una protesta en Maracaibo. “Al ser detenido, lo primero que recibí fueron golpes y patadas en la cara y las costillas, cachazos en la frente. Les decía que me dejaran y me insultaban: ‘cállate maldito, cállate, cállate hijo de puta”. Más tarde, grupos armados pro-gobierno le metieron en un coche blindado y el copiloto del vehículo le golpeó con la escopeta en la frente, según denuncia AI.
La organización también ha recibido denuncias de otros grupos defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación con líneas editoriales tanto críticas como cercanas al Gobierno que habrían sido acosados, atacados y sometidos a una gran censura por parte de las autoridades.
