El juicio contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por la supuesta compra de un senador para hacer caer al Gobierno de Romano Prodi en 2008 comenzó hoy y en la primera vista ya se crearon los alicientes para que se convierta en un proceso de gran expectación.
En la primera audiencia Berlusconi fue declarado por el Tribunal de Nápoles en estado de rebeldía por no haberse presentado en el aula y se prevé que tampoco lo hará mañana cuando continúe el juicio.
Por el momento, según la legislación italiana, el juicio puede continuar hasta que Berlusconi no sea llamado a testificar o los jueces tomen otra decisión.
La gran sorpresa de este juicio fue la presencia de Antonio di Pietro, como abogado de su partido, Italia de los Valores (IdV), que se personó como parte civil.
El ex senador Antonio di Pietro ha sido uno de los históricos adversarios políticos de Berlusconi, pero sobre todo es el juez que llevó el proceso judicial en 1992 conocido como “Manos Limpias” sobre la corrupción política generalizada en el país y que tomó el nombre de “Tangentopoli”.
Los abogados de Berlusconi argumentaron en esta primera vista que se habían producido algunas irregularidades en la presentación de la notificación del juicio a su defendido.
Di Pietro intervino para hacer notar que, a su parecer, habían sido “incluso demasiadas las notificaciones” respecto a lo normal, en lo que anticipa será un duro pulso del ex juez y los abogados de Berlusconi.
El ex juez de Manos Limpias se encuentra en la lista de testigos que ha presentado el fiscal, y en la que también aparece el ex presidente del Ejecutivo, Romano Prodi.
Los jueces decretaron que las notificaciones habían sido realizadas con total regularidad pues se entregaron en una de las residencias habituales de Berlusconi, en Arcore (norte de Italia) y a la secretaria personal de Il Cavaliere, Marinella Brambilla.
Presencia del Senado causa polémica
Por otra parte, en este juicio se ha presentado también como parte civil, en una decisión considerada histórica, el Senado italiano.
Una decisión que ha levantado duras críticas en las filas del partido Forza Italia, que lo consideran un ataque institucional contra su líder, Silvio Berlusconi, y una “emboscada”.
El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, tomó personalmente la decisión de personar la Cámara alta como parte civil en este juicio ante lo que consideró “un deber moral”.
Y es que el proceso intentará esclarecer si Berlusconi pagó al senador Sergio De Gregorio 3 millones de euros para que se pasase a su formación e hiciese caer de ese modo al Gobierno de su adversario Romano Prodi (2006-2008) durante una votación en el Senado.
También será juzgado el empresario y ex director del diario Avanti, Valter Lavitola, acusado de participar como mediador en el supuesto pago.
El ex senador De Gregorio fue condenado a ocho meses al pactar la pena después de confesar que recibió los 3 millones para pasar de su partido, Italia de los Valores (IDV), que formaba parte de la coalición gubernativa a las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad (PDL).
Su voto y el de otros senadores que también abandonaron la mayoría en el Gobierno acabó produciendo la caída del Ejecutivo de Prodi durante una votación en el Senado en 2008.
El senador de Forza Italia Sandro Bondi afirmó que la caída del Gobierno de Prodi fue urdida junto con varios miembros de la coalición gubernamental y que Berlusconi no sabía nada, según recogen hoy los medios de comunicación italianos.
Una reconstrucción de los hechos que no concuerda con la realizada por De Gregorio en sus declaraciones, así como en una entrevista publicada hoy en el diario Il Mattino, en la que asegura que “en Forza Italia no se hacía nada sin la autorización de Berlusconi”.
Otros dos juicios pendientes
Berlusconi condenado en firme a cuatro años de cárcel por fraude fiscal por el caso Mediaset, tiene además otras dos causas pendientes.
El ‘caso Ruby’, en espera de que se resuelva la apelación, por el que Berlusconi fue condenado el pasado junio a siete años de prisión y a inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por incitación a la prostitución de menores y abuso de poder.
Otra apelación en curso es por la condena de Berlusconi a un año de cárcel por el delito de violación del sumario con la publicación de escuchas telefónicas en el diario Il Giornale, propiedad de su hermano Paolo.
