La segunda esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Griselda López Pérez, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una persona vinculada al narcotráfico y haber colaborado con el capo, por lo que congeló sus bienes en Estados Unidos y prohibió a sus ciudadanos hacer negocios con cualquier empresa que López Pérez pudiera tener.
“Hoy es la tercera vez en los últimos cinco meses que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro) ha señalado a miembros de la familia que actúan a nombre de El Chapo Guzmán, dio a conocer el director de la OFAC, Adam J. Szubin, a través de un comunicado.
La OFAC está colaborando con las agencias de seguridad estadunidenses para identificar a todos los miembros de la familia de El Chapo Guzmán que hayan colaborado en el comercio ilegal de drogas entre México y Estados Unidos, dio a conocer Szubin.
De acuerdo con esa dependencia, Griselda López Pérez, segunda esposa de El Chapo desempeñaba un papel clave en su organización, ella actuaba para evadir constantemente a la justicia y también colaboraba en la operación financiera de esa organización criminal.
Cabe recordar que El Chapo Guzmán fue designado en 2001 como “narcotraficante extranjero importante” por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
A su vez, el jefe de Operaciones Financieras de la DEA, John Arvanitis, expresó que la DEA y la OFAC están atacando las operaciones de narcotráfico de El Chapo Guzmán a todos los niveles “utilizando herramientas disponibles de la ley para llevar a estos criminales ante la justicia”.
La designación de López Pérez fue descrita por Arvanitis como un “golpe brutal” al cártel de Sinaloa y dio a conocer que esa acción no hubiera sido posible sin el apoyo de la DEA y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana.
En los últimos años el gobierno de Estados Unidos ha nombrado a mil 100 empresas en todo el mundo, las cuales, asegura que están vinculados a 97 capos del narcotráfico, esto ha sucedido entre 2000 y 2012.
La ley de Kingpin señala que los ciudadanos estadunidenses que lleven a cabo negocios con estos narcotraficantes se hacen acreedores a multas de mil 75 millones de dólares así como a penas de cárcel que pueden llegar a los 30 años.
