Aunque la 4T ha tomado como estandarte la defensa de los indígenas, al punto que incluso en su momento Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa a españa por el sometimiento a las etnias durante la conquista, en la realidad poco se ha hecho para cumplir con leyes ya establecidas que permiten que puedan acceder a la justicia o a cualquier servicio público en su propio idioma.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (Artículos 4, 7 y 10) y el Artículo 2.º Constitucional establecen la obligación legal del Estado para que toda persona indígena sea asistida gratuitamente por un intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura en cualquier procedimiento público, administrativo o judicial.
Sin embargo, existe un alto déficit para que se cumpla esta ley que está vigente desde el 13 de marzo de 2003. En 23 años poco se ha hecho, incluyendo los ocho años que Morena lleva en el poder.
Puebla es un ejemplo de ello, la entidad es la cuarta con mayor población indígena del país al contar con más de 600 mil hablantes de lenguas originarias y 1.2 millones de personas auto adscritas. Con siete lenguas originarias predominantes (Náhuatl, Totonaco, Mazateco, Popoloca, Otomí, Mixteco y Zapoteco) y sus variantes dialectales, debería haber presencia garantizada de intérpretes en los 217 municipios, principalmente en los 76 municipios que tienen más del 40% de población indígena, pero no es así.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el sistema de justicia local tienen registrados únicamente cinco traductores de base, existiendo convenios o padrones eventuales que apenas alcanzan alrededor de 24 intérpretes para procesos penales.
Para asegurar que nadie sea juzgado o atendido en urgencias sin entender el procedimiento, debería haber una plantilla activa y contratada de entre 230 y 300 traductores e intérpretes acreditados distribuidos en ayuntamientos, juzgados, fiscalías y hospitales públicos de las regiones indígenas.
Ello implica que actualmente sólo se tiene el 1.6% de traductores de base del nivel que se requiere y aún considerando a los intérpretes que apoyan vía convenios, el déficit es de 90.4%.
Amén de ello, para cubrir los 76 municipios con al menos un intérprete de planta en atención ciudadana y uno en el Registro Civil o DIF municipal, se requerirían mínimo 152 a 200 traductores municipales.
Ello refleja otro problema que es la falta de traductores, no sólo de los contratados sino de los acreditados. Según el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, en Puebla hay 169 traductores que cuentan con una certificación o reconocimiento oficial en el dominio, traducción o interpretación de una lengua indígena expedido por una institución competente pocos de éstos trabajan en la función pública, pero aún si lo hicieran tendrían un déficit respecto al número de traductores que se requiere para cumplir la Ley.
Sin embargo, la autoridad, poco ha profundizado al respecto. En su reciente visita a Puebla este fin de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sólo anunció como propuesta para las etnias, en marco del Día internacional de Pueblos indígenas, que Paso de Cortés deje de llamarse así para ser nombrado como Paso de los Pueblos Indígenas.
