José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno del estado de Puebla, denunció que administraciones panistas dejaron instalado un “Cartel de las Concesiones”, un esquema que –dijo– comenzó a consolidarse desde 2013 mediante contratos, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP) que comprometieron por décadas los recursos públicos.
En conferencia de prensa, García Parra explicó que uno de los casos más críticos es el de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuya concesión –otorgada en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas– cuenta aún con 29 años de vigencia. Terminar unilateralmente los contratos de sus cuatro líneas tendría un costo estimado de 22 mil millones de pesos, cifra equivalente a renovar por completo el transporte público del estado.
El coordinador precisó que estos acuerdos fueron diseñados como “deuda disfrazada de obligaciones financieras”, mecanismo mediante el cual se legalizó un sistema de saqueo institucional que contó con el apoyo de la mayoría legislativa en su momento. Señaló que las mismas voces que hoy critican el reordenamiento del transporte son las que aprobaron estos contratos en el pasado.
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Además del caso RUTA, García Parra mencionó otros ejemplos emblemáticos del “Cartel de las Concesiones”, como el Museo Barroco, cuyas obligaciones financieras siguen vigentes, y la concesión del servicio de agua potable, donde se excluyó al Congreso del control de tarifas desde 2013.
El funcionario reiteró que aún existen PPS vigentes por al menos 10 años, a pesar de los avances en renegociaciones de proyectos emblemáticos. Subrayó que el objetivo del gobierno actual es poner orden, revisar las concesiones y evitar que continúe el impacto financiero de acuerdos que calificó como “amarrados jurídicamente” para beneficiar a intereses privados.
Con más de mil 900 millones de pesos comprometidos anualmente en pagos derivados de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP), el Gobierno de Puebla busca desmontar este legado financiero y recuperar el control de servicios estratégicos. La administración estatal insistió en que el reto es enorme, pero necesario para proteger los recursos públicos y garantizar sistemas de transporte y servicios más transparentes y eficientes.
