La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Puebla lanzó este martes 25 de noviembre, un ultimátum a Uber: si la empresa no cumple con la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sus choferes y repartidores, no renovará su permiso de operación y la plataforma quedará inhabilitada en la entidad.
La advertencia, emitida por la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, podría dejar a unos siete mil taxistas sin trabajo a partir de diciembre, cuando vence el contrato actual.
En conferencia de prensa, Tanús Osorio fue clara: “La condición primordial para que Uber pueda seguir operando en Puebla es reconocer a sus conductores como trabajadores y otorgarles la filiación al IMSS, tal como lo establece la legislación federal y local”.
La funcionaria enfatizó que, de no cumplirse este requisito, el permiso no se renovará el 15 de diciembre, lo que implicaría el retiro permanente de la autorización para circular en el estado.
“Uber y DiDi son las únicas plataformas autorizadas legalmente aquí; las demás son piratas y generan competencia desleal”, agregó.
Tanús Osorio reiteró que Uber puede seguir operando mientras cumpla con la normativa, pero dejó en claro que “no habrá excepciones”. La SMyT llamó a la ciudadanía a evitar apps no reguladas y a reportar irregularidades para “proteger el transporte seguro”.
El ultimátum se enmarca en la reforma laboral impulsada por el Gobierno federal a finales de 2024, que obliga a las plataformas digitales a registrar a sus colaboradores como empleados formales si superan un umbral mínimo de ingresos mensuales, equivalente al salario mínimo general en la zona, unos 8 mil 364 pesos en Puebla tras deducciones por uso de la app.
Esta medida busca garantizar prestaciones como seguro médico, atención por riesgos de trabajo y acceso a servicios del IMSS, beneficiando a repartidores y conductores de apps como Uber, DiDi y Rappi. Sin embargo, Uber ha argumentado en respuestas previas que muchos de sus socios en Puebla no alcanzan los 20 mil pesos brutos mensuales requeridos para una inscripción obligatoria, lo que explicaría la baja en registros masivos ante el instituto.
La noticia ha generado revuelo en redes sociales, donde usuarios y choferes expresan preocupación por el impacto en la movilidad urbana. Con el plazo aproximándose, choferes y repartidores esperan una resolución que equilibre derechos laborales y continuidad de sus ingresos.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la advertencia de la SMyT, aunque ha promovido amparos contra medidas similares en el pasado.
