El Gobierno del Estado de Puebla rechazó que exista persecución política en el caso de María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fue sancionada por su presunta responsabilidad en el quebranto al erario por más de 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco, institución que quebró en 2021.
A través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que reafirmó que “en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión”. La dependencia subrayó que “nadie está por encima de la ley” y que la justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado declaró culpable a Castro Corro y a otros exfuncionarios del sexenio anterior, entre ellos José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos.
Como resultado, la exfuncionaria fue sancionada con una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier cargo público.
El gobierno de Puebla sostuvo que el proceso se condujo bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, conforme al marco legal vigente. Espidio Reyes enfatizó que la administración estatal actúa “con determinación y respeto al Estado de derecho” ante cualquier conducta ilícita o irregularidad.
La sanción a María Teresa Castro Corro se deriva de la inversión irregular de recursos públicos en Accendo Banco, una operación considerada riesgosa y que derivó en pérdidas millonarias para el erario.
