Durante los primeros cinco meses de 2025, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, ha abierto 478 investigaciones contra funcionarios públicos por actos de corrupción, omisiones administrativas y anomalías graves en distintas dependencias estatales.
En conferencia de prensa, el mandatario presentó el informe del Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, el cual documenta casos en proceso y sanciones ya ejecutadas. Según el reporte, 36 servidores públicos han sido sancionados, de los cuales dos fueron destituidos, 22 inhabilitados, 11 amonestados y uno más suspendido por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Alejandro Armenta fue enfático al declarar que en su gobierno no habrá impunidad, aunque también subrayó que no se permitirá el escarnio público, por lo que descartó “espectáculos mediáticos” como sacar funcionarios con policías.
“Estamos actuando con firmeza para erradicar prácticas irregulares dentro del servicio público, pero sin persecuciones ni show”, puntualizó.
El gobernador también reveló que existe una investigación en curso en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde un grupo de trabajadores habría incurrido en evasión fiscal, bloqueando pagos de impuestos y buscando bonos de productividad ilegales.
En este contexto, Armenta anunció la creación de la Ley Antimilpa, una propuesta de reforma constitucional para combatir prácticas como el “moche” y la extorsión desde dentro del aparato estatal. El mandatario aclaró que la iniciativa evitará la sobrerregulación y se enfocará en castigar a los responsables, sin politizar los procesos.
Finalmente, advirtió que los funcionarios corruptos, ya sean de la actual o pasadas administraciones, serán investigados y sancionados conforme a derecho, como parte del compromiso de su gobierno para erradicar las viejas prácticas de corrupción enquistada en el sistema público poblano.
