En respuesta al compromiso de garantizar la protección, seguridad y acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, el Poder Judicial del Estado de Puebla presentó el “Protocolo para la atención, evaluación, emisión y seguimiento de órdenes y medidas de protección para mujeres, niñas y adolescentes”, una herramienta integral que refuerza los mecanismos de atención y prevención de la violencia de género en la entidad.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, resaltó que desde la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) en 2019, el Poder Judicial ha trabajado para implementar acciones sostenibles y efectivas en coordinación con otras instituciones, pues se trata de una tarea que solo puede lograrse con trabajo conjunto.
María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla. Foto: Especial
Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, señaló que este protocolo tiene como objetivo garantizar una protección inmediata, adecuada y sostenible para mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de violencia, para lo cual estandariza procedimientos, incorpora mecanismos de seguimiento y previene la revictimización, sumándose a otras herramientas, como el Programa Medidas de Protección 24/7, que fue reconocido este año como una Buena Práctica Nacional por la Comisión de Atención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla. Foto: Especial
Al explicar el contenido del protocolo, la magistrada Luz María Aguirre Barbosa, subrayó que el Poder Judicial de Puebla es el tercero en el país en integrar y consolidar un documento de este tipo, con la participación del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.
Al respecto, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), María Elena Farfán González, recordó que es obligación de los impartidores de justicia que cada mujer, niña o adolescente que requiera algún tipo de protección, encuentre en el Poder Judicial una respuesta rápida y efectiva.
Foto: Especial
En el evento estuvo también presente Luis Villa Nueva Romero, subdirector de Prevención de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado, quien reconoció la importancia de que un Poder Judicial impulse estos mecanismos y la colaboración entre instituciones.
Cabe destacar que entre las principales características del Protocolo se encuentran: la Estandarización de procedimientos, para asegurar respuestas rápidas, uniformes y efectivas; Perspectiva de género y enfoque diferenciado atendiendo las particularidades de cada caso con sensibilidad y justicia; Seguimiento interinstitucional fortaleciendo la efectividad de las órdenes de protección y minimizando riesgos de revictimización.
Foto: Especial
Este instrumento, diseñado con base en un análisis exhaustivo de políticas públicas, estudios especializados y experiencias nacionales, responde a las acciones del Plan de Acciones Emergentes para atender la DAVGM 2023-2024 y a las demandas de justicia de la sociedad.
El Protocolo no solo atiende los casos de violencia de género, sino que busca prevenirlos a través de intervenciones tempranas y personalizadas. Con este esfuerzo, el Poder Judicial reafirma su papel como aliado firme y humano de las víctimas, marcando un paso decisivo hacia una sociedad más justa y equitativa.
