El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado urgente a los alcaldes del estado para que detengan cualquier intento de saqueo de los recursos municipales, advirtiendo que aquellos que cometan irregularidades deberán asumir las consecuencias de sus actos. “Respeten lo que es del pueblo y asuman la responsabilidad“, expresó de manera categórica durante la inauguración del museo de la Constancia, en la capital poblana.
La advertencia del mandatario llega en un contexto en el que varias administraciones municipales han sido señaladas por presuntas prácticas indebidas, justo antes de la conclusión de sus periodos de gobierno.
En los últimos días, han surgido denuncias sobre alcaldes que estarían desmantelando oficinas públicas, destruyendo documentos oficiales y tomando acciones que comprometen el patrimonio de los municipios.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Ayuntamiento de Puebla, donde se ha encendido la alarma tras revelarse que la administración saliente podría dejar un adeudo de 680 millones de pesos. Este compromiso financiero, según fuentes locales, sería heredado al próximo gobierno municipal, generando incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas de la capital.
Céspedes Peregrina afirmó que una vez que Pepe Chedraui asuma el cargo como presidente municipal de Puebla, se podrá tener una visión más clara sobre la magnitud de este problema financiero. “Habrá que esperar al cambio de administración para conocer la verdadera gravedad del tema”, sostuvo el gobernador, quien ha mantenido una postura de tolerancia cero ante las irregularidades cometidas por los alcaldes.
El mandatario fue enfático al señalar que no habrá espacio para la impunidad y que todos los responsables deberán rendir cuentas ante la ley. “No se permitirá que los recursos del pueblo sean malversados. Aquellos que incumplan con su deber serán sancionados”, afirmó.
La transición de poderes en Puebla, especialmente en municipios clave como la capital, estará bajo el escrutinio público y de las autoridades estatales, quienes han dejado claro que vigilarán de cerca la entrega de las administraciones municipales para evitar que se consoliden actos de corrupción o desfalcos.
