La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado presuntos daños patrimoniales por un total de 2 millones 167 mil pesos en la cuenta pública del gobierno del estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Las irregularidades encontradas se relacionan con pagos irregulares a trabajadores, específicamente en el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla (IEEA) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
El primer caso de presunto desfalco en el Conalep Puebla asciende a 847 mil 821.29 pesos. Este monto corresponde a pagos realizados a un “Jefe de Proyecto” y a un “Coordinador Ejecutivo II” con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2023, sin acreditar el grado de licenciatura requerido para estos puestos.
Otra irregularidad detectada en el Conalep involucra un segundo monto de un millón 57 mil 56.28 pesos. Este corresponde a pagos a cinco trabajadores en diversos puestos, como “Coordinador de Unidad de Servicios Especializados en Programación y Presupuesto”, “Administrativo Especializado”, “Jefe de Oficina”, “Auxiliar de Administrador” y “Especialista en Proyectos Técnicos”. Similar al primer caso, no se acreditaron los requisitos académicos necesarios para estos cargos.
Además, se identificó un posible daño de 262 mil 966.69 pesos en el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla. Este se relaciona con el pago a un trabajador que no cumplía con los conocimientos requeridos según la Cédula de Valuación de Puestos.
Se presentó una copia certificada de un título de Licenciado en Filosofía y Letras y una cédula profesional, pero los datos no coincidían con el Registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
La ASF revisó una muestra de 288 millones 712.4 mil pesos, representando el 77.7% de los 371 millones 730.3 mil pesos transferidos al gobierno del estado de Puebla a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, generando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el importe de 2.1 millones de pesos, equivalente al 0.8% de la muestra auditada.
