A cuatro años de que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta denunció que en el gobierno morenovallista se traficaba con la venta de niños en el DIF estatal, en 2021 la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que no se comprobó ningún hecho real, señaló el consejero jurídico, Jonathan Ávalos Meléndez.
El 23 de agosto de 2019, en la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, acto presidido por el secretario ejecutivo de dicho sistema a nivel nacional, Ricardo Bucio Mújica, en el Centro de Convenciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó públicamente que desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se daba la venta de menores de edad a familias que solicitaban la adopción.
En ese entonces, el Gobierno del estado presentó denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.
La acusación surgió cuando el fallecido Barbosa Huerta sostuvo que ese tipo de prácticas fue detectado por personal del área jurídica en el SEDIF, en el proceso y revisión del periodo de transición del gobierno interino y el entrante.
Al respecto, el consejero jurídico dijo que en 2019 se presentó una denuncia formal basada en versiones periodísticas, y después de dos años, es decir en 2021, la Fiscalía no encontró elementos de prueba y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que el proceso de adopción se mantiene en el marco de la ley.
