El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, anunció que ya existen órdenes de aprehensión contra funcionarios que permitieron la construcción del famoso “pueblito”, espacio con 104 cuartos privados y de lujo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
El famoso “pueblito” fue demolido en su totalidad en julio de 2022, por órdenes expresas del entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues contaba con restaurantes, farmacia, tienda de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería y estéticas, así como un quiosco y dos gimnasios.
También era un espacio que se rentaba para tener encuentros íntimos y privados, el cual tenía a la disposición un refrigerador abarrotado de víveres.
Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los responsables de su operación obtuvieron ganancias estimadas en por lo menos 3 millones de pesos semanales.
Empero, Barbosa Huerta ordenó su demolición al secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, quien supervisó que los trabajos concluyeran el 13 de julio del 2022, lo que quedó registrado ante notario público.
Según la información de la FGE, algunos de los involucrados en la operación del “pueblito” son los extitulares de la SSP Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya.
En ese sentido, el pasado 1 de julio de 2022, Barbosa Huerta afirmó que sus exsecretarios de Seguridad Pública le mintieron y ocultaron la verdadera cifra de los cuartos privados que existían en el centro penitenciario, ya que estaban coludidos.
