Por tercer año consecutivo el estado de Puebla obtiene el primer lugar en combate al contrabando, en el Tablero de Alineación Estratégica, después de ser evaluado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta distinción es resultado de las acciones emprendidas durante tres años de trabajo intenso para retirar del mercado ilegal mercancías con un valor comercial aproximado de más de 300 millones de pesos.
Como reconocimiento a dichas labores de fiscalización en materia de comercio exterior, el Gobierno Federal ha entregado a esta Administración incentivos por cerca de 287 millones de pesos.
De esta manera, Puebla mantiene su liderazgo en el combate al contrabando y a la ilegalidad, al posicionarse en el ejercicio 2013, como la Entidad líder en resultados obtenidos en el desempeño de las labores en materia fiscal y aduanera.
La evaluación al Estado de Puebla se dio a conocer este mes y en ella se reflejan los resultados obtenidos en el combate al contrabando, el fraude aduanero y los delitos relacionados, así como la coordinación que la actual administración ha logrado promover entre autoridades del orden federal y local, consolidando así la cooperación en materias relacionadas con la aplicación de la ley.
A través de estrategias de inteligencia aduanera, se ha inhibido el tránsito ilegal de mercancías en las principales rutas de contrabando que cruzan por Puebla, ubicando importantes centros de almacenamiento y distribución de mercancías ilegales e identificando por factores de riesgo las operaciones de comercio exterior en las que se realizaron prácticas de fraude aduanero por parte de importadores, incluso aquellos que cuentan con Programa de Fomento a la Exportación, otorgado por la Federación.
Con este reconocimiento al Estado de Puebla, la actual administración refrenda el compromiso de vigilar la entrada y salida de mercancías y vehículos de origen y/o procedencia extranjera dentro de su circunscripción territorial, con el objetivo de garantizar la seguridad pública, fortalecer el empleo, proteger la economía y las empresas del país además de la salud y el medio ambiente, al impedir el trasiego de mercancías peligrosas o prohibidas.
