Durante el Foro sobre la Privatización del Agua, organizado por la Facultad de Economía de la BUAP, catedráticos, universitarios y activistas coincidieron en que no es sólo la concesión del agua por lo que deben pelear los poblanos, sino también deben de unirse contra los proyectos mineros, hidroeléctricos o carreteros que afecten a la población.
El activista Gerardo Pérez comentó la lucha por el agua en Puebla es mucho más vieja que la que se desató con la aprobación de la Ley de Aguas, pues desde 2010 fueron encarcelados José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz por defender el derecho al agua de su comunidad, Atla, municipio de Pahuatlán, y por ello sería importante recuperar la memoria histórica.
Además apuntó que existe una crisis en el país, debido a que los gobernantes son los principales promotores de las empresas trasnacionales, por lo cual no solo es la privatización del agua lo que está afectando las comunidades, sino el desarrollo de proyectos de muerte, como lo son minas, hidroeléctricas y carreteras.
A su vez el abogado Gilberto Montalvo González sostuvo que una de las vías por las cuales se puede pelear es el amparo, ya que es una institución que fue creada para defender al ciudadano de los abusos. Ante eso seguirá impulsado recursos que suspendan la licitación para concesionar el agua, ya sea ante la Suprema Corte de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otra cuestión importante que se habló en el foro es la participación de las universidades para difundir los problemas sociales y apoyar a las poblaciones que se vean afectadas, esto a pesar de que se ha detectado que los estudiantes poblanos tienen poco interés en este tipo de temas.
Finalmente acordaron que para frenar la privatización del agua impulsarían la organización social, esto a través de la Asamblea General del Agua, quien realiza asambleas informativas en las diferentes colonias, para lograr que se derogue la Ley de Agua del Estado de Puebla, donde se permite la concesión del servicio, así como que se elabore una nueva ley con la participación de los ciudadanos y con base en los derechos humanos, así como que se considere al agua como un recurso natural estratégico.
