“La derogación del artículo 118 bis de la Ley de Agua, por parte del gobierno del estado, no aplicaría para esta concesión, porque cuando salió la licitación dicho artículo estaba vigente, lo cual significaría que las tarifas para el cobro del servicio sí serán impuestas por los particulares”, apuntó el abogado, Gilberto Montalvo González.
En una entrevista, el litigante, sostuvo que la derogación del artículo 118 bis entrará en vigor hasta dentro de 30 años, cuando se termine la concesión del servicio de agua a la empresa que gane. Esto debido a que cuando se emitió la licitación aún estaba vigente dicho artículo, por lo cual la empresa que gane el proceso se puede amparar en ello para fijar las tarifas del servicio.
“En la licitación sigue surtiendo efecto el 118 bis, para que se derogue completamente tienen que quitar la licitación, debe de quedar fuera”, señaló Montalvo González.
Con respecto a los amparos que interpuso y a los que había otorgado la suspensión provisional de la licitación del servicio de agua, Montalvo, indicó que interpondrán un recurso de revisión al fallo de las juezas donde indican que si le dan la suspensión definitiva podría generar perjuicio a la población al interrumpirse la prestación del servicio de agua.
En caso de que no se resuelva de forma favorable este recurso recurrirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque está seguro de que el caso llegará a la Suprema Corte de Justicia Nacional con grandes probabilidades de que otorgue la suspensión definitiva.
Además de estos recursos los ciudadanos y las organizaciones pueden seguir interponiendo amparos en contra de la Ley del Agua, debido a que el plazo se vencería 15 días después de que llegue el primer recibo de la nueva operadora del sistema de agua.
El abogado, relató que lo que menos quiere el gobierno estatal es que más gente se ampare, porque si uno gana se echa abajo la licitación y la concesión, por ello han comenzado a difundir versiones de que dichos recursos no son procedentes.
“El gobierno tiene miedo a los amparos, los va a impugnar, inclusive, podría declarar desierta la licitación hasta que no vea resueltos los amparos, por ello tenemos que interponer muchos con diferentes motivos”, agregó.
