“La prórroga de un año en los controles policiales aplicada a nivel nacional no afecta a Puebla, pero nos va a permitir evaluar a los policías de nuevo ingreso para los municipios”, aseguró en una entrevista la encargada del Centro de Control de Confianza, María de Lourdes Rosales Martínez.
Cuestionada sobre el avance de las pruebas de control de confianza, la funcionaria de seguridad, comentó que al estado no le es relevante la prórroga de un año, puesto que para el pasado 28 de octubre ya se había logrado el 97 por ciento de la evaluación, por lo cual, en los días posteriores pudieron haber llegado el 100 por ciento, como era el mandato federal.
Sin embargo, el incremento del plazo beneficiará a otros estados que sí tenían un rezago considerable, como Tamaulipas, con menos del 50 por ciento de su personal evaluado.
En el caso de Puebla, como sí se cumplió con la evaluación de los cuerpos policiales, desde este mes hasta los primeros días de febrero, el Centro de Control de Confianza se dedicará a evaluar a los aspirantes de los diferentes municipios, para que cuando comiencen las nuevas administraciones ya se tengan listos y con los respectivos resultados.
Rosales Martínez, enunció que durante esos meses esperarán las solicitudes de los 217 ayuntamientos que conforman el estado, ya que en el centro estatal tienen la capacidad de atender como mínimo a 800 personas mensuales.
“No tenemos ningún problema en cuanto a la capacidad de atención, a todo aquel que lo requiera podemos responderle”, compartió la encargada del Centro de Control de Confianza, para luego agregar que el promedio de personas que analizan es muy variable y va de 800 a mil cada mes, aunque ahora reevalúan a personal de 2010, pues la vigencia es de dos años y para altos mandos uno.
Comenzar con la evaluación de los policías de nuevo ingreso a los municipios evitará los rezagos en materia de control de confianza, porque sólo ingresarán a las fuerzas de seguridad los aspirantes que las hayan pasado.
Además, con esta forma de operar se evitarán los problemas de despedir a los empleados que están en operación. Tan sólo a Puebla le costará 110 millones de pesos liquidar a los 700 elementos que no pasaron los controles.
