Con la entrada en vigor de la Ley Antilavado de Dinero, los empresarios del sector inmobiliario no podrán recibir pagos en efectivo por las operaciones que se consumen, señaló el vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), César Bonilla Yunes.
Los inmobiliarios deben ser cuidadosos en los pagos en efectivo por las operaciones que realicen, ya que con estas modificaciones a partir de 520 mil pesos quedó prohibido liquidar así cuando sea una transmisión de derechos sobre bienes inmuebles.
“Antes había gente que pagaba en efectivo casas, residencias, hasta dos millones de pesos, pero ahora el tope son 520 mil pesos; de no acatarse esta restricción incurrirán en una falta y serán sujetos de investigación”, resaltó.
Recordó que hace algunos años en el caso de los terrenos que se vendían se reportaban pagos de hasta 60 millones de pesos en efectivo, pero ahora será diferente, porque no se pueden aceptar.
Lo que se pretende con estas restricciones es que las autoridades puedan detectar a tiempo, bloquear e investigar la procedencia del dinero que blanquean las bandas del narcotráfico y del crimen organizado.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se implementan las medidas legales para prevenir y castigar las operaciones con dichos recursos y los delitos relacionados.
Dentro de la AMPI se han dado a la tarea de informar a sus asociados para que tengan mayor cuidado de las operaciones que están realizando, ya que podrían estar dentro de las que tienen que reportar a la Secretaría de Hacienda y de no hacerlo podrían tener repercusiones penales.
Es importante recordar que estas modificaciones de ley están dentro del Diario Oficial de la Federación, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el pasado 17 de octubre de 2012 y la aplicación correría nueve meses después.
César Bonilla, calificó como “buena” esta medida y ahora los inmobiliarios tienen la obligación de dar aviso ante Hacienda por distintas operaciones calificadas como “vulnerables”.
