Mayo de 2006. San Salvador Atenco, Estado de México. Más de 200 manifestantes fueron golpeados, amedrentados, torturados y detenidos por más de 3,500 elementos de la Policía Federal Preventiva, y otras fuerzas armadas. Entre las personas afectadas, 47 mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de los efectivos.
De ellas, solo 11 llegaron a un juicio histórico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sentó las bases para que mundialmente se castigara la tortura sexual. Este fue un camino de más de una década, y en él, este grupo de mujeres pudo denunciar que estos actos iban más allá del aspecto sexual: se trata de una herramienta de dominio, control y discriminación sobre el cuerpo de las mujeres por razones de género.
“[La tortura sexual] es un delito y también por otra parte es una violación a los derechos humanos”: Norma Jiménez
Así lo explicó Norma Jiménez en la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla. La artista, muralista y sobreviviente del atentado de Atenco en 2006, recordó que, durante sus propias reflexiones, ella y las otras sobrevivientes reconocieron que había algo más en lo que les había pasado que no solo se trataba de ellas, el momento o los perpetradores.
“La tortura no es que sea simple, pero había otra algo más; algo faltaba ahí como para engranar. Entonces para nosotras esa fue la importancia de llamarlo ‘tortura sexual’, porque tiene que ver con la discriminación por razones de género”, afirmó durante su ponencia.
La humillación, la degradación del cuerpo y la persona, la violencia sexual y el énfasis en lastimar, golpear o lacerar los órganos sexuales de las víctimas, son actos que hacen de la tortura sexual otra forma específica de violencia de género. La ponente explicó que a esto se suma el factor de que los perpetradores fueron elementos de alguna institución gubernamental, quienes, con estas tácticas, pretenden dañar, castigar u obtener una confesión.
“Parecieran hechos aislados, pero son importantes para la configuración de la tortura sexual”, detalló. Norma Jiménez recordó que, durante este proceso, se intentó de muchas maneras denunciar los actos cometidos contra ella y sus otras compañeras durante la detención injustificada, además—, pero sus esfuerzos no fueron suficientes.
“Fue muy importante saber que no íbamos a encontrar justicia en las instituciones que nos habían hecho el daño. Fue por eso que recurrimos a un organismo internacional”; ahí comenzó otro proceso además de lo legal, porque “los impactos de la tortura son como una onda expansiva”.
“A ti te toca probar que todo lo que viviste es verdad. Entonces, también existe mucha estigmatización alrededor y de parte del Estado; incluso había algunos representantes políticos que aseguraban que nos habíamos autolesionado a propósito para poder denunciar la tortura sexual”. Esta experiencia cambió drásticamente la vida de Norma Jiménez, pues se dio cuenta que lo que le pasó “no era por deseo, era por poder”.
Las reflexiones que vinieron después fueron aún más complejas porque ya no solo se enfrentaron a las autoridades, a las instituciones o sus leyes: también lidiaron con los estigmas sociales producto del mal abordaje de la situación en los medios de comunicación, lo que las marcó de por vida.
En 2018, la CIDH falló a favor de las víctimas en el caso de las mujeres de Atenco contra el Estado mexicano. Sin embargo, a más de un lustro de esta resolución, Norma Jiménez y sus compañeras de lucha no ven una voluntad ni interés reales en el Estado por resarcir el daño, pues no se ha cumplido ni el 30% de las acciones que dictó la Corte.
“Las implicaciones son un montón y no están haciendo nada para… Ni siquiera les digo para resarcir el daño, porque creo que es imposible; pero sí creo que es importante saber qué es lo que implica la tortura sexual. […] No es como para dejar con un ánimo pesimista, pero sí puntuar mucho en esta parte de los impactos y de cómo encuentra eco en la sociedad y eso sí nos implica a todas y a todos”, concluyó la activista.
