En la segunda sesión de la Cátedra Ellacuría de la Ibero Puebla, dos activistas de la comunidad LGBTTTIQ+ dieron luz a una de las problemáticas más graves que tienen que enfrentar como comunidad: la discriminación y los actos de violencia cometidos por su orientación sexual o identidad de género.
Ellas fueron Gabriela Cortés, cofundadora de El Taller A. C., y Gabriela Chumacero, integrante del Grupo Trans Puebla. Las activistas describieron un panorama sobre el que muy pocas veces se habla. Desde sus perspectivas, las expresiones de violencia afectan no solo a quien las recibe, sino también a la sociedad.
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Gabriela Cortés expuso un testimonio recabado como parte de una investigación que realiza El Taller A. C.: “El odio no solo es algo que recibo de afuera; el odio lo recibo de mí también”, comentó una sobreviviente de intento de suicidio. La activista reprobó el daño que hace la heteronormatividad a las personas en su educación y su desarrollo social.
“Hay una deuda histórica, y no sé cómo es que nos la tendrían que pagar porque no alcanzará la vida para ello”: Gabriela Cortés
Brindó algunas cifras de este profundo daño. Tanto Cortés como sus compañeras de lucha identifican una gran ausencia de estadísticas sobre las muertes y crímenes que vive la comunidad LGBTTTIQ+: más de 3 mil personas han sido asesinadas en México por crímenes de odio.
De ellas, más de 500 han sido asesinadas en sus casas, 310 en la vía pública, 97 en terrenos baldíos y 92 en hoteles. Gabriela Cortés destacó un dato que ilustra la crueldad y el odio que las agresoras y los agresores tienen hacia la diversidad: 346 murieron por múltiples golpes. La activista cuestionó a los presentes: “¿cuánto odio debe haber en alguien para que te mate con sus propias manos?”
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Gabriela Chumacero aportó al panorama desde el rubro trans: de enero a la fecha, ella y sus compañeras han rastreado al menos 53 transfeminicidios en todo el país. “En Puebla, la comunidad trans ha sido de las más marginadas”, afirmó, pues asegura que no tienen acceso a derechos básicos como la educación, un trabajo, la salud, o incluso una vivienda digna, “por el simple hecho de tener una transición”.
Ante esto, ambas coincidieron en que, para cambiar este panorama de muerte y violencia, hace falta mucha educación y capacitar a las instituciones para atender a la diversidad sexogenérica, siendo que ni siquiera existe una figura jurídica para los transfeminicidios en México.
“Reeducar a las instituciones o funcionarios públicos es muy difícil”, afirmó Chumacero. En el diálogo colectivo con las ponentes se llegó a la conclusión de que aún hay esperanza en las personas de a pie, y, sobre todo, en las nuevas generaciones que serán educadas bajo otros valores que aporten a la construcción de una cultura de paz y respeto.
