Con los comicios locales y el federal ya en marcha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sufre una grave crisis institucional, con un presidente forzado a renunciar con acusaciones genéricas, mientras continúa la ausencia de dos magistrados de la Sala Superior, porque no han sido nombrados por el Senado de la República.
El administrador de la justicia electoral no podría comenzar peor el próximo año en que se renueva la Presidencia de la República, junto con más de 20 mil cargos en todo el país.
Este lunes Reyes Rodríguez Mondragón renunció a la presidencia del TEPJF, forzado por la protesta de tres de sus compañeros de la Sala Superior.
Las acusaciones contra el jurista, quien, desde su elección en 2016, fue señalado como afín al Partido Acción Nacional (PAN), fueron además genéricas en torno a “irregularidades administrativas”, sin ninguna especificación clara o grave.
Lo cierto es que Rodríguez Mondragón, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, nunca fue bien visto por los ideólogos de la cuarta transformación.
La renuncia que presentó tendrá efecto a partir del 31 de diciembre.
El tema no es menor, porque todos los casos que se judicializan en los procesos electorales locales o federal, o incluso internos de los partidos, muy pocas veces encuentran una solución final en los tribunales estatales.
De modo tal que una gran proporción de los temas de justicia electoral terminan en el TEPJF, ya sea en sus salas regionales o en la Sala Superior.
En enero próximo, tendrán que ponerse de acuerdo los cinco magistrados que están en ejercicio, para elegir a un nuevo presidente o presidenta. No obstante, eso no resuelve la crisis del todo.
Aún falta que, en el Senado de la República, las fracciones legislativas se pongan de acuerdo para nombrar a los hombres y/o mujeres que ocuparán los dos lugares que quedaron vacantes, por la terminación de los periodos de dos magistrados en octubre pasado.
Ese es un problema adicional, porque cada partido tiene a sus perfiles favoritos, con base en sus propios intereses.
Es previsible que ahora que Movimiento Ciudadano rompió el bloque opositor en la Cámara alta, los votos de los senadores naranjas se unan a los del lopezobradorismo, para sacar adelante la mayoría calificada (dos terceras partes de los 128 senadores y senadoras) que se requiere.
Toda esta crisis se ve atravesada por la injerencia de muchas manos.
Se cabildea, se presiona, se analiza y se elige en función siempre de intereses partidistas.
Todos prefieren tener en la Sala Superior más amigos que adversarios.
Con toda seguridad, a mediados o finales de enero de 2024, se resolverán estos dos conflictos que hoy tienen en crisis a la institución.
Sin embargo, estos retrasos y bretes inciden en la autoridad del administrador de la justicia electoral a nivel federal.
