Las alertas de violencia de género son mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Estas alertas son declaradas en aquellos estados o municipios que estadísticamente, cuenten con una grave cantidad de feminicidios y actos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, por razón de género. Se declaran también por agravio comparado cuando existen legislaciones o políticas públicas que transgreden los derechos humanos de las mujeres.
Actualmente, 25 entidades de la República mexicana cuentan con una declaratoria de alerta, 25 entidades y 643 municipios. Pero ¿Qué ha pasado en aquellos territorios donde se ha emitido una declaratoria? ¿Realmente han disminuido los índices de violencia feminicida? ¿Realmente han disminuido los índices de otras formas de violencia contra las mujeres?
La respuesta es, lamentablemente, no. En el caso de Puebla, donde la alerta se emitió en 2019 para 50 municipios, la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), estableció 45 medidas: 17 de prevención, 11 de seguridad, y 17 de justicia y reparación del daño.
Sin embargo, para 2023, es decir cuatro años después de su emisión, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, órgano encargado de supervisar, evaluar y acompañar con un seguimiento permanente la emisión e implementación de las declaratorias, ha dado por cumplimentada UNA sola de esas 45 medidas.
Luego entonces, ¿es novedad que la violencia contra las mujeres no disminuya en el estado? Evidentemente no. La instrumentación efectiva de una alerta de violencia de género exige el cumplimiento de elementos imprescindibles para funcionar, en primer lugar, suficientes recursos para ser implementada, pues muchas de las medidas requieren capacitación a funcionariado público, un rediseño institucional, la operatividad tecnológica para acciones de seguridad y prevención del delito, etcétera. En segundo lugar, una estructura orgánica sólida, que cada quien sepa qué le toca para dar cumplimiento al mecanismo, y que asuma su responsabilidad. Las alertas de violencia de género se siguen viendo como “cosa de mujeres” y en realidad es un mecanismo que necesita ser transversalizado en toda la administración pública estatal y municipal. Y, en tercer lugar, se necesita voluntad política de todos los actores involucrados, sin voluntad política, no hay esfuerzo administrativo, legal o humano que alcance para implementar una política tan relevante y amplia como una alerta.
En el país las cosas no son muy distintas, ninguna entidad ha logrado levantar la Alerta de Género, por el contrario, hay entidades que ya cuentan hasta con doble declaratoria de alerta de violencia de género, como el Estado de México y Guerrero. Y en el caso de Puebla, hay una acumulatoria en 10 de los 50 municipios que ya cuentan con una, pero ahora por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.
Las alertas de violencia de género son mecanismos altamente efectivos para visibilizar la violencia de género en un territorio determinado, para focalizar los esfuerzos y organizar las estrategias institucionales en un mismo objetivo, para evidenciar la importancia de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Desafortunadamente, una cosa es el papel y otra muy distinta es la realidad. Mientras los tomadores de decisiones no entiendan que se necesitan personas expertas en la materia para instrumentarlas, seguiremos teniendo números rojos en su implementación. Así como no dejaríamos que un prácticamente de medicina hiciera una operación a corazón abierto, y se requiere de un cardiólogo profesional para dicho efecto, así mismo se requieren especialistas en políticas públicas y género, en transversalización de la perspectiva de género y en estudios de género, para dar buenos resultados en un tema tan crucial que le sigue costando la vida 11 mujeres todos los días, las buenas intenciones no bastan.
