Este lunes 19 de septiembre se presentará ante el Congreso local la Reforma al Poder Judicial, “Para que la ley se aplique en Puebla”, que tiene una profundidad inédita y que va a los cimientos. Busca acabar con la arraigada corrupción de jueces y funcionarios y, por todo esto, no hay una igual en el país; es completamente de avanzada.
Se trata de una iniciativa de cambios constitucionales que presentará, como anunció, el titular del Poder Ejecutivo y modificará por entero el esquema del Máximo Tribunal estatal y reavivará el debate jurídico.
Las formas y estructuras anquilosadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tendrán un renacimiento, para que la aplicación de la ley sea real, sin vicios, sin ver a la justicia como una mercancía y que pondrá fin al andamiaje de descomunal corrupción, que hoy prevalece, y que en muchos casos viola el derecho humano de acceso a la justicia de los poblanos y poblanas.
Por cierto, ¿el todavía presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, tiene la autoridad moral y la cara medianamente limpia, para poder denunciar todo eso? Claro que no.
La iniciativa es, en su esencia definitoria, autoría del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en temas legislativos y jurídicos tiene una experiencia ya muy probada.
También lleva la participación de especialistas, no solamente poblanos, y su construcción se realizó a fuego lento, sin prisas y sin complacencias. Es una iniciativa impecable, aseguran quienes la conocen a detalle.
Sólo para el apunte sobre el hoy gobernador poblano, hay que recordar que fue uno de los principales autores de la ley que permite la redición de cuentas, transparencia y protección de datos personales, que se aprobó en la primera mitad del primer sexenio de transición, con Vicente Fox, cuando Barbosa fue diputado federal. De ahí su experiencia para el caso.
En esta Reforma al Poder Judicial un eje fundamental será la independencia del Consejo de la Judicatura de Puebla, que tendrá su propio presidente y ya no lo será el titular del TSJ.
La Judicatura regirá la administración y adscripción de jueces, entre otras tareas, que serán un dique a la corrupción o nombramientos por “pago de favores” o para colocar a incondicionales. Bueno, hasta se venden las adscripciones actualmente.
Habrá un Tribunal Constitucional local y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJA) pasará a formar parte del Poder Judicial y no estará ajeno, como ocurre actualmente y desde el decreto de su creación.
La prioridad de la iniciativa será la limpieza del Poder Judicial, una limpia, y sólo hasta que se haya concluido su aprobación y luego, las reformas a las leyes secundarias -para lo que se propone un plazo de seis meses-, se determinarán los cargos, como la presidencia de la Judicatura y un nuevo presidente o presidenta de TSJ.
Está, por supuesto, descartada la permanencia al frente del Máximo Tribunal estatal del ex candidato panista a diputado federal suplente, Héctor Sánchez Sánchez, quien podría quedar en su asiento como magistrado.
Claro que si el todavía magistrado presidente tiene dos dedos de dignidad, le queda la fórmula de la renuncia, porque “los demonios andan sueltos” en el Poder Judicial y desde dentro de éste su cabeza ya tiene una decena de verdugos listos para su defenestración.
En fin que su suerte dependerá de las consecuencias que se generen de los malos manejos y la presunción de corrupción de sus jueces favoritos y de su propio desempeño y la carga de corrupción que se halle, tras la limpia que, inexorablemente, ocurrirá con esta reforma.
La iniciativa que llevará al Congreso local el titular de la Consejería Jurídica del Estado (CJE), Carlos Palafox Galeana, plantea un Poder Judicial con cuatro brazos: el TSJ, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y la incorporación del TJA.
El presidente del TSJ, no está de más subrayarlo, dejará de ser el presidente de la Judicatura.
Por cierto, Carlos Palafox será propuesta del Ejecutivo para ocupar uno de los dos lugares vacantes -hombre y mujer- como magistrado, pero no se contempla una ruta para que ocupe la presidencia del TSJ.
Aunque, no es la única presidencia que tendrá el nuevo Poder Judicial.
