La inquisición poblana (una copia mal hecha del Tribunal del Santo Oficio de España) está de regreso y defenderá sus oscuros y perversos intereses en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Los inquisidores, que hoy se hacen llamar magistrados, desempolvaron un proceso administrativo aprobado desde el 22 de abril de 2010 contra el ex juez, Enrique Romero Razo, para tratar de asestar otro golpe más al que se ha convertido en su villano favorito.
Ese proceso tiene su origen en el desplegado que se publicó en el periódico El Sol de Puebla en los primeros días de abril del año pasado, en el que supuestamente los jueces de primera instancia daban su apoyo a Ruperto Leonardo Treviño Musalem, a quien en ese momento se le juzgaba mediáticamente por un supuesto soborno de Francisco Bernat para darle la razón en un pleito legal con Ricardo Henaine.
La respuesta a ese desplegado vino de la misma forma y en el mismo periódico en un escrito firmado por el entonces juez, Enrique Romero Razo, el 19 de abril de 2010, en el que aclaraba que “jamás hemos expresado consentimiento alguno para que se publicara el desplegado en cuestión a nombre de todos los Jueces de Primera Instancia del Estado de Puebla y por lo tanto nos deslindamos del contenido del mismo”.
Ese segundo desplegado provocó que el magistrado Gerardo Villar Borja pidiera una sanción contra Enrique Romero Razo por usar su cargo para hacer un posicionamiento de carácter personal.
Esa petición fue aprobada por el pleno del Congreso desde el 22 de abril de 2010.
Curiosamente el tema se guardo por 14 meses.
¿Por qué?
Obviamente los inquisidores han esperando pacientemente para tratar de fulminar a su villano favorito.
O de qué otra forma se puede interpretar que el proceso administrativo se reactive 14 meses después a través del oficio firmado por Alonso Robles Cuétara, secretario adjunto del TSJ, con fecha 15 de junio de 2011 y el cual fue enviado con una dirección equivocada (quizá con la intención de que jamás se enterara el implicado) a Enrique Romero Razo.
El oficio está incluido dentro del expediente de determinación de responsabilidades 4 / 2010 y dicho documento dice lo siguiente:
“Por acuerdo del Magistrado, David López Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con esta fecha se dictó una resolución que a la letra dice:
Visto el estado que guarda el presente expediente, y toda vez que no se ha notificado el acuerdo del trece de mayo del año próximo pasado a Enrique Romero Razo, en su carácter de juez de lo civil y de lo penal del distrito judicial de Acatlán, Puebla, a fin de que rinda informe justificado dentro de este procedimiento”.
Hasta aquí parte del oficio.
Está bien que sabemos que la justicia en Puebla es lenta, pero tardarse 14 meses es sospechoso.
Demasiado sospechoso.
La inquisición poblana está de regreso.
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