Los derechos humanos son garantías que permiten el pleno desarrollo individual, y se traduce en personas participativas y activas en la sociedad. Nuestro rol dentro de la comunidad nos proporciona sentido y significancia. Sin embargo, en la actualidad, muchos derechos parecen privilegios, ya que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades y acceso a servicios esenciales como salud, vivienda y, por supuesto, educación. En este contexto, quienes tienen acceso a educación de calidad, atención sanitaria adecuada y otros servicios, parecen gozar de privilegios, cuando en realidad, estos son derechos que deberían estar al alcance de todos.
Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la educación. No cualquier educación, sino una de calidad que prepare para la vida real y el mundo laboral actual. Muchas familias optan por inscribir a sus hijos en colegios particulares, creyendo que así les ofrecen una mejor educación, dado que en las escuelas públicas no encuentran el nivel deseado. Pero ¿qué pasa con quienes no pueden pagar esa educación privada?
Los datos son alarmantes, México ha sido señalado como el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y el país con el peor puntaje en ciencia. Esto indica el grave rezago educativo que enfrentamos. De hecho, dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas.
Para que en nuestro país la educación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real, se necesitan acciones urgentes. Y es fundamental entender que el país es grande y diverso, por lo tanto, la educación debe adaptarse a las distintas realidades y necesidades. La visión de una educación inclusiva y de calidad para todos debe involucrar no solo a la Secretaría de Educación, sino a todas las autoridades, instituciones, docentes, directivos, padres de familia, estudiantes y la sociedad en general.
Es importante recordar que las personas que se forman en este sistema educativo actualmente ineficiente son quienes nos brindan servicios diariamente, los profesionales que nos atienden y los votantes que toman decisiones cruciales para el rumbo del país. Por ello, asegurar que la educación sea un derecho y no un privilegio es una tarea urgente. Solo así podremos contribuir con la construcción de un México más equitativo y justo, donde cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial, reciba las mismas oportunidades, desarrolle sus talentos y en el futuro logre participar activamente en el progreso de México.
La educación de calidad no debe ser un lujo accesible solo para unos pocos, sino un derecho inalienable para todos los mexicanos. Es imperativo que trabajemos juntos para garantizar este derecho, porque un país bien educado es un país con futuro.
