Desde el mes de enero que inició funciones como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, se veían venir acontecimientos que impactarían no solo en México sino en muchos países del mundo, como ya lo estamos constatando.
En su primer periodo de mandato como presidente (2017-2021) amenazaba con imponer aranceles a México, hablaba del 5%, argumentando que México debía tomar medidas para detener la migración de personas provenientes de Centroamérica. Fue documentado entonces que el gobierno anterior del expresidente López Obrador fue muy obsequioso en materia de migración con Estados Unidos y, en contraste, rechazó cualquier intervención en materia de seguridad, incluso envío una iniciativa de reforma que fue aprobada a la Ley de Seguridad Nacional para limitar la operación de agentes extranjeros en el país.
En este su segundo periodo como presidente, el tema migratorio siguió vigente, reinstaló políticas migratorias restrictivas, emprendiendo operativos de redadas permanentes en contra de personas migrantes con la consecuente violación de sus derechos humanos; pero además ha incluido el tema del narcotráfico, clasificando a los carteles de la droga mexicana como terroristas y ha desarrollado un nuevo orden económico mundial, reconfigurando el comercio internacional con la imposición de nuevos aranceles vía la firma de órdenes ejecutivas aplicadas a muchos países, incluido México, entrelazando así la política exterior a la economía y a la inseguridad.
Para México, el pasado 12 de marzo, impuso aranceles primero del 25% a las importaciones de acero, aluminio y cobre, que en junio duplicó al 50%, vigente hasta este momento.
A inicios de abril confirmó aranceles del 25% a los autos producidos fuera de Estados Unidos, que actualmente se aplican; en principio, este arancel incluía a las autopartes, lo que generó una gran preocupación en la industria automotriz de México, sin embargo, en mayo confirmó que las autopartes no estarían sujetas a este arancel.
El pasado 14 de julio aplicó también un arancel del 17.09% a las importaciones de jitomate mexicano.
Sin tener la intención de retirar ninguno de los aranceles mencionados, el presidente Trump hace unos días amagó con aumentarlos ahora para todos los productos no incluidos en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en un 30 % a partir del 1 de agosto; las negociaciones previas realizadas por la presidenta Sheinbaum y su gabinete económico lograron una prórroga arancelaria de 90 días sin aranceles adicionales.
Esto, sin duda, permitirá un tiempo más para ir construyendo diálogos, negociaciones, alianzas y preparar estrategias, porque todo tiene impacto en la economía del país.
Por ello es importante también que durante este periodo se proyecte atender en paralelo a todas estas negociaciones el avance de la economía interna del país, porque los expertos y expertas en esta materia tan compleja han puesto el semáforo en rojo sobre el nulo crecimiento de la economía mexicana (0.5%) que, considerando –señalan– que el crecimiento de la población será de alrededor del 0.8%, visualiza que el producto por habitante será negativo.
Tal vez, necesario que el enfoque sea crear incentivos para la inversión, revisar para detener de alguna manera la carga económica que para el país siguen teniendo las obras y las inversiones hechas en el sexenio anterior y hacer uso de todas las herramientas para el desarrollo y todo lo que sea necesario en ruta; primero, para otorgar realmente el bienestar prometido a las familias mexicanas y también por la inminente revisión del T-MEC, que en julio del próximo año se llevará a cabo, aunque se ha difundido que el próximo mes de septiembre inician las mesas de consulta.
Como bien se ha dicho, la idea de emplear herramientas económicas con fines políticos no es nueva, sin embargo, sus consecuencias pueden llegar a ser imprevisibles.
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Palabra de Mujer Atlixco
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